Cinefórum

En mitad del enorme movimiento asociativo que germinó en la Universidad de León en los años 90, surgió una asociación centrada en el cine que, con la mayor precariedad de medios, llevó a cabo interesantísimas actividades, y que no llegó más lejos únicamente por el atolondramiento juvenil de su presidente. Estudiantes como Gonzalo González, hoy profesor del Instituto Juan del Encina, crítico de cine y autor de varios libros especializados, Alfredo Moreno, Óscar Luque o Joaquín de la Hera, conocidos letrados de la plaza, junto con Óscar Hidalgo, Carmen López y Marta Serrano, entre otros, dedicaron buena parte de su tiempo a la producción de cortos sin apenas subvención y a la organización de talleres y de cinefórums como el que en estos días es imposible no recordar.

En 1994, en vísperas de la aprobación de la Ley del jurado popular, aquella asociación tenía el tema perfecto para su primer cinefórum. La película sería, como no, la obra maestra de Sidney Lumet ‘Doce hombres sin piedad’, y los invitados a protagonizar el debate, a los que se hizo socios de honor por su generosa colaboración en aquel cinefórum inaugural, fueron el miembro de Amnistía Internacional y profesor de Derecho Penal José Manuel Paredes Castañón, y otros dos profesores que compatibilizaban la docencia con la judicatura, y que en la actualidad continúan sus carreras en la Audiencia Provincial de León: Teodoro González Sandoval y un jovencísimo Carlos Javier Álvarez Fernández.

Veintidós años y algunas canas después, Carlos Javier Álvarez ha presidido el juicio con jurado más mediático y polémico de nuestra historia, y ha provocado que no una pequeña asociación de estudiantes de León, sino la totalidad de las tertulias radiofónicas y televisivas del país, debatan de nuevo sobre la institución del jurado en España. La razón ha sido una sentencia tan interesante desde el punto de vista jurídico, como admirable en lo humano, no abundan en España quienes reconocen errores.

En este nuevo cinefórum nacional el debate sigue teniendo el mismo interés. ¿Hay alguna ventaja en someter a nueve ciudadanos a la pesadísima carga de decidir sobre la condena de un acusado de delitos tan graves? ¿Cómo evitar los efectos perniciosos de la presión social y mediática? ¿Cómo deslindar su labor en la valoración de la prueba de la integración jurídica de los hechos que sólo un juez o un tribunal profesional puede realizar?

La película, sin embargo, es mucho peor, la de Henry Fonda no tiene comparación con el drama cañí del crimen de Isabel Carrasco.