La madre del pequeño, que ahora cumple 16 años, Eva Fernández, considera una cantidad «bárbara» a la que se le condena y lamenta sentirse indefensa ante ella «no tenemos ese dinero para pagarle ni propiedades por ese importe», lamenta.
Por eso decidió pedir el amparo del Defensor del Pueblo e incluso del Defensor del Menor, aunque ambas instituciones le comunicaron que no podían entrometerse en temas judiciales. Pese a que Fernández reconoce que la sentencia es firme y que «nos han dicho que no tenemos nada que hacer»,asegura, remitiéndose a las informaciones de su letrada, la madre de Arturo no se resigna a «hipotecar nuestro futuro».Su marido ha tenido que salir a trabajar al extranjero y viven de alquiler, sin propiedades, por lo que «no podemos hacer frente a ese importe y necesitamos ayuda», dice.
Un choque fortuito hace 6 años
Los hechos ocurrieron hace seis años en la rampa cercana a la Colegiata de Villafranca, cuando, se da por probado y ambas partes reconocen que el niño iba caminando sobre su bicicleta subiendo la cuesta y chocó con una mujer que venía en sentido contrario, haciéndola caer. La mujer fue trasladada en ambulancia a un centro médico donde fue atendida. Lo que los padres del menor aportaron en la apelación es que las lesiones que después declaró la mujer no se relacionaron con esos hechos, rompiendo el nexo causal. A raíz de la caída, la víctima fue atendida en el Servicio de Urgencias del Hospital del Bierzo, donde se le diagnosticó «contusión frontal y luxación bilateral de los hombros», recoge la sentencia. Tres meses más tarde se le realiza una ecografía que declara rotura en ambos hombros y un mes más tarde, una resonancia descubre fractura del manguito de los rotadores, bursitis subacromial y tenosinovitis de la porción larga del bícep en la parte derecha, y en la izquierda casi las mismas lesiones, por las que fue intervenida en marzo de 2012 ( seis meses después del choque con el menor). Sí reconoce la sentencia que en Urgencias del centro berciano se le solicitó a la mujer que fuera a revisión de traumatología a las tres semanas, algo que obvió y continuó su tratamiento en Madrid. Al no existir más informe pericial que el que presenta la víctima, se estima que las lesiones tienen que ver con el encontronazo.Por la parte judicial, el caso está cerrado, pero la madre del menor lamenta el proceso, que se inició por una denuncia que no esperaba «yo llamaba a la mujer para saber qué tal estaba y siempre fue muy amable». Las dos consideraban que había sido un accidente lamentable, pero «no me esperaba que lo denunciara», dice Fernández, para la que fue una sorpresa que meses después tuviera que llevar a su hijo a declarar ante el juez. Aunque manifiesta que la víctima está en su derecho de acogerse al dictamen de los tribunales, considera que las cantidades por las que se les condena, como padres del menor, a costear por este caso no son acordes ni al propio suceso ni a lo que ellos pueden aportar «nos condenan a algo que no tenemos y nos parece que una caída de esta manera no puede tener una pena como si fuera un atropello de un coche», rechaza Fernández, que espera encontrar algún tipo de ayuda o la reflexión de la víctima para que su familia no se vea obligada a arrastrar esa deuda en sus nóminas y en sus bienes por un accidentado paseo infantil.