La cadena alimentaria

El Gobierno ha aprobado mediante Real Decreto Ley una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para reforzar el papel de los agricultores en la negociación de los precios de los productos agrícolas y ganaderos. Es una medida, esperemos que solo la primera, con la que el ejecutivo responde a la oleada de protestas agrarias que se están sucediendo en toda España y que hoy tienen su reflejo en la capital leonesa. Bien está que pasados unos años desde la promulgación de la Ley se haga una revisión de la misma para incidir en los puntos que no funcionan o que no funcionan correctamente, pero no sé yo si las prisas con las que se ha actuado no van a convertir los buenos deseos en agua de borrajas. Porque si para promulgar la Ley se pidió informe a todo bicho viviente, incluida la Unión Europea, y por el contrario ahora lo han amañado entre cuatro en un par de semanas, la consecuencia va a ser la impugnación por quienes se vean perjudicados, y lo que es peor, la impugnación quizás por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. O mucho han cambiado las cosas, o la bandera de la libre competencia va a dar al traste con cualquier intento de poner orden en las relaciones comerciales entre productores agrarios e industria agroalimentaria. Pero es más, no me extrañaría que haya una orden pidiendo a la CNMC que no escarbe mucho en la cuestión legal y que deje hacer el trabajo sucio al organismo europeo que se encarga de la misma competencia. Las relaciones comerciales entre la industria agroalimentaria española y el sector primario están basadas en la desigualdad que significa que una parte, la que compra, tiene el poder para decir cuándo compra, cuánto compra, a qué precio paga y cuándo paga. Y esto es así porque no hay leyes efectivas que protejan al productor, y porque muchas veces trabajamos con productos perecederos que tienen que salir cada día de casa del agricultor o ganadero, y una amenaza de no recogerlo supone la ruina de una familia que no tiene otro medio de vida.