"300 millones de presupuesto significa que no se ejecuta"

La Diputación aprueba una nueva incorporación de remanentes a los fondos disponibles y la oposición reclama más "agilidad" en la tramitación

D.L.M.
27/07/2022
 Actualizado a 27/07/2022
Un momento del pleno celebrado este miércoles en el Palacio de los Guzmanes. | S.A.
Un momento del pleno celebrado este miércoles en el Palacio de los Guzmanes. | S.A.
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Francisco Castañón, y el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, debatieron este miércoles sobre el grado de ejecución del presupuesto en un largo pleno ordinario.

La Corporación Provincial aprobó una nueva modificación del créditos al presupuesto para incorpora más fondos de los remanentes, lo que motivó la crítica de Castañón, que recordó que en el capítulo de inversiones constan actualmente 79 millones de euros, de los que se han ejecutados 1,7 millones. Ante estas cifras, el portavoz ‘popular’ recriminó que «hablar de casi 300 millones de euros de presupuesto significa que no se ejecuto ese dinero, no es para sentirse orgulloso» y advirtió al equipo de gobierno para que «no ocurra como el año pasado y que tengan la oportunidad de añadir otros 150 millones».

En su réplica, Dorado se refugió en el gasto autorizado para ensalzar la gestión del actual equipo de gobierno. El diputado de Hacienda explicó que según constan en «los programas de contabilidad» de la Diputación, en el capítulo de inversiones están autorizados 27,3 millones de los 79 millones con los que cuenta después de la incorporación de remanentes, porque inicialmente tenía un presupuesto de 14 millones.

Dorado insistió en que «los datos nos permiten se optimistas» porque está autorizado para gasto 179 millones, el 61,5% del presupuesto actual, que es de192 millones de euros.

No obstante, Castañón recriminó que «esas interpretaciones dependen de la literatura que se le quiera poner a los números y a las cuentas» e insistió en que lo ejecutado son inversiones por 1,87 millones.

Plan de piscinas


En la misma línea, Castañón también recriminó al equipo de gobierno la aprobación a finales de julio del plan de empleo para las piscinas y playas fluviales. «No es estético», deslizó el portavoz ‘popular’. El vicepresidente primero, Matías Llorente, mostró su acuerdo con Castañón y señaló a Intervención por el retraso. Llorente reconoció la «falta de agilidad» y abundó en la crítica, ya que atribuyó estos retrasos al «entramado» de la Administración. «Somos víctimas de nuestros propios problemas y nuestro propios enjuagues», concluyó. El propio Llorente aseguró que «aquí hay temas de dos años sin resolver», lo que respaldó una crítica de la diputada de Ciudadanos, Gemma Villarroel, que lamentó que «la Diputación tarda dos años en ejecutar un presupuesto anual, sistemáticamente, gobierne quien gobierne». En este contexto, Llorente pronosticó que «o le damos un empujón a esto o tenemos que empezar a hablar de resolver las cosas en la legislatura siguiente».

En cualquier caso, el plan de empleo de las piscinas salió ayer adelante, para que los ayuntamientos y juntas vecinales que ya llevan un mes con estos espacios abiertos y que lo hayan solicitado puedan optar a la subvención de 4.000 euros. La partida es de 308.000 euros con un resultado hasta la fecha «muy positivo», según el vicepresidente.

Problemas de coordinación


Otro de los problemas que apuntó Castañón es la duplicidad de las subvenciones. Una parte de los remanentes incorporados ayer al presupuesto se destinanal plan para mejora de instalaciones deportivas de los ayuntamientos y juntas vecinales. El Grupo Popular mostró su apoyo a la iniciativa, pero lamentó las duplicidades, ya que, según apuntó Castañón, varias entidades habían solicitado obras para estos espacios dentro de otros planes y ahora tienen que hacer dos obras con un sentido muy similar.

No obstante, el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, espetó que «tienen el recurso de hacer un cambio de obra» y sentenció que «estamos en plazo». El cambio de obra sugerido por Morán vendría a retrasar más la licitación de las obras subvencionadas por los planes de Cooperación o de Juntas Vecinales, cuando 21 ayuntamientos y 73 pedanías no han solicitados obras, y las demoras en la tramitación obligarán a un pleno extraordinario en el mes de agosto o demorar la aprobación total hasta el mes de septiembre, como explicó el vicepresidente. La parte positiva es que, en el 2022 se encuentran en cuarta fase, con 44 millones totalmente documentados y con las dos primeras fases fiscalizadas y al 90% de anticipo.

En cuanto a las Juntas Vecinales, de las 942, se presentaron 863 solicitudes solamente, de las que se han aprobado 209 en primera fase. Llorente reconoció que «es más farragoso» que el plan de Cooperación.
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