Una situación alarmante, ya que de no presentar la contabilidad las pedanías entrarían en un proceso de pérdida de la personalidad jurídica y los activos y pasivos del pueblo pasarían a depender de la entidad superior, en este caso los Ayuntamientos. Cabe recordar que para que se consolide esta pérdida de la personalidad jurídica es necesario que el ministerio inste a la Junta a llevar a cabo el procedimiento. Una amenaza que siente constantemente la administración más próxima al ciudadano. Desde la aprobación de la conocida como ‘Ley Montoro’ la espada de Damocles pende sobre las cabezas de las más de 1.200 pedanías de la provincia.
No obstante, a pesar de ello, la mayor parte de las Juntas Vecinales aún no ha remitido la liquidación del pasado año, algo que hasta la fecha sólo han cumplido 270 pedanías, que no se han relajado y que después de ‘salvarse’ el pasado año han decidido seguir cumpliendo de manera puntual con los compromisos de transparencia para evitar desagradable sorpresas.
Incursas en desaparición
En este sentido, según consta en el portal del Consejo de Cuentas, 14 pedanías de la provincia estarían ‘de derecho’ incursas en un procedimiento de pérdida de la personalidad jurídica, que aún no se ha llevado a cabo, pero que la Administración tendría base legal para iniciarlo en cualquier momento –algo que no parece probable con la cita electoral en el horizonte–. Nueve meses después del cierre de la moratoria estas juntas vecinales siguen sin cumplir con la ley y su destino podría estar abocado a la disolución como administración. Serían las pedanías de La Antigua, Lordemanos, Los Montes de la Ermita, Nava de los Oteros, Pedregal, Pereje, Puente Almuhey, Ribera de la Polvorosa, Saludes de Castroponce, San Miguel de Montañan, Serrilla, Tabuyuelo de Jamuz, Urdiales de Colinas y Valdearcos.
Juntas vecinales que sí han presentado sus cuentas
