Con el objetivo de «poner sobre la mesa los problemas que existen en los distintos órganos jurisdiccionales del territorio» para «solventarlos» y que «la justicia en nuestra tierra sea todo lo ágil que queremos y que exige y necesita el ciudadano», el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CaCyl) y la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJCyL) celebraron este martes una reunión de su comisión mixta en la Audiencia Provincial de León. «Hemos apreciado unos problemas puntuales que se vienen evidenciando y que se han multiplicado desde la pandemia» de Covid, señaló el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción. Según explicó, «la justicia en nuestra tierra era ejemplar hasta el año 2020 en lo referente a los tiempos de respuesta que estábamos dando en las nueve provincias a todos los litigios judiciales». Sin embargo, «la pandemia primero y luego las dos huelgas padecidas con posterioridad –la de los secretarios judiciales y la de los funcionarios de la administración de justicia– han provocado unos problemas muy importantes que nos va a costar superar», dijo.
En esta reunión, además de diagnosticarlos, el fin fue «aunar fuerzas entre ambos colectivos para que quien es responsable de poner los medios personales y materiales para reforzar los juzgados y tribunales se haga eco de este problema y nos dé las soluciones que pedimos», advirtió Concepción. El día 30 de este mes el TSJCyL presentará la memoria de actividades del año pasado y en ella se puntualizarán «de una manera mucho más contundente» todas estas necesidades. Sin embargo, adelantó que «desde luego, pasan por conseguir que el Ministerio de Justicia no trate de paliar los problemas de Castilla y León como lo hace cada año: con la creación de tres o cuatro unidades judiciales en las nueve provincias». Para el presidente del TSJCyL «las necesidades de Castilla y León son mucho más ambiciosas», porque la meta también lo es. «Queremos volver a las cuotas de satisfacción del año 2020 y, por lo tanto, necesitamos que en las provincias se creen todos los juzgados que se precisan» y que hizo hincapié en que se detallarán el día 30.
Concepción reclamó también que cuando haya una solicitud «razonable» para reforzar un órgano judicial que esté pasando por problemas puntuales se atienda «con celeridad» y, en este punto, recordó que hace alrededor de cinco años él mismo, junto al presidente del Consejo Regional de la Abogacía, acudieron al Ministerio de Justicia, donde mantuvieron una «larga entrevista de trabajo» con el secretario de Estado y el secretario general en aquel momento de ese ministerio. En ella les expusieron varios problemas y, en algún caso, «con escaso éxito». El presidente del TSJCyL citó, por ejemplo, que aquellos pleitos que exigen un informe del gabinete psicosocial se demoran «mucho más allá de lo deseable». «Son juzgados que están resolviendo los problemas familiares y por lo tanto familiares de los ciudadanos que se acercan a ellos para interesar una demanda de separación o de divorcio», explicó. Y, principalmente, en los que hay menores implicados y es imprescindible el concurso de un gabinete psicosocial «los procedimientos en vez de resolverse en cinco meses, tardan 12 en hacerlo», dijo. Por eso, reclamó «una solución contundente por parte del Ministerio de Justicia».
Precisamente este fue uno de los problemas que expusieron los abogados de la provincia leonesa, que denunciaron «los constantes retrasos en los equipos psicosociales que se ven incrementados ante la falta de psicólogo en el equipo de la capital», a lo que añadieron la «falta de formación jurídica» por parte de los funcionarios de nueva designación. Del mismo modo, lamentaron «la prohibición de acceso a los profesionales en la comparecencia para ratificar convenios de divorcio en algunos juzgados», según se indicó en un comunicado de prensa entregado tras la reunión.
"Descrédito" de la justicia
El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, señaló por su parte que su misión en este encuentro era trasladar «la voz de la abogacía en un momento de descrédito importante de la justicia y de la administración de justicia». El «ánimo», subrayó, fue el de «colaborar como abogacía y como personas que estamos en el día a día del conflicto jurídico y que pisamos los tribunales y los juzgados» y trasladar al TSJCyL en este caso, a través de su presidente y de su sala de Gobierno, «las dificultades que nos encontramos» en el ejercicio de la labor diaria. «Estamos en un momento de dificultad importante», insistió, advirtiendo que no se puede continuar en este estado porque eso redunda «en un perjuicio no solamente para los profesionales, sino fundamentalmente para los ciudadanos». Así, confió en que entre todos puedan trabajar para «ser capaces de reconducir la situación» dentro de las competencias de cada uno. «Evidentemente, en materia de medios es el Ministerio de Justicia el que tiene que ofrecer las distintas soluciones a los órganos judiciales, pero hay otras cuestiones que yo creo que desde la buena voluntad se pueden encauzar», dijo, esperando que «desde aquí salgan unas recomendaciones que se harán llegar a todos los órganos judiciales» que logren que «el trabajo de los abogados resulte más razonable y se ayude a que la justicia pueda volver a ese estado anterior a 2020». Sanz Orejudo también estuvo de acuerdo en que la respuesta judicial «se ha multiplicado» debido a «múltiples razones» y, por ello, vio necesario llegar «a la raíz del problema para encontrar la mejor solución».
Reforzar la Audiencia Provincial
En otro orden de asuntos, el presidente del TSJCyL también descartó, en principio, trasladar una solicitud para la apertura de una sala de la Audiencia en Ponferrada. «Creo que son razonables y defendibles todas las posturas, pero creo que ahora los tiempos van más por otros derroteros. La Ley de Eficiencia habla de la creación de los tribunales distancia, por ejemplo, y yo creo que se trata más de unificar», advirtió. En su opinión, la Audiencia Provincial ha de ser el órgano que en apelación conozca todos los recursos que surjan en todas y cada una de las provincias, cada Audiencia de la suya, y de lo que se trata es de reforzar la Audiencia Provincial de León más que diversificar los órganos judiciales. Sobre todo su sección penal, que no da abasto para resolver todos los problemas de la provincia». Del mismo modo, consideró que en Ponferrada también se ha hecho «un esfuerzo importantísimo en los últimos años» y que «nunca ha estado alejada de la visión de la sala de Gobierno del TSJCyL y de su presidente, pero razonablemente que en relación a las audiencias provinciales lo que hay que potenciar es el órgano provincial que existe en las capitales», zanjó.