Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles de forma unánime una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, para instar a la Junta a que reclame al Gobierno de España la supresión del peaje de la autopista AP-66. Se trata de la vía de alta capacidad que une León con Asturias y la petición se enmarca en la reciente comunicación por parte de la Comisión Europea de la apertura de un expediente de infracción por la prórroga de su concesión hasta el año 2050. El texto plantea además que sería la «solución más conveniente» para el territorio leonés y que dicha supresión se hará «buscando la forma menos lesiva para el Estado».
Esta última expresión fue incluida a petición del procurador leonés del PSOE Diego Moreno y como condición para que su grupo aprobara la propuesta tras un debate en el que se recordó en diversas ocasiones que la decisión de ampliar hasta 2050 la concesión, que a priori iba a finalizar en 2021, adoptó en el año 2000 con José María Aznar en el Gobierno.
Ahora, la Comisión Europea ha dado el primer paso para sancionar a España por ampliar sin el correspondiente concurso público los plazos de explotación tanto de la AP-66, conocida como la autopista del Huerna, como de AP-9, que va de Ferrol a la frontera con Portugal y que se conoce habitualmente como la autopista del Atlántico.
Más allá de la unanimidad alcanzada en la votación, el debate de la propuesta no estuvo exenta de cruces de acusaciones entre unos y otros grupos y de referencias a la supresión de otros peajes y a otras infraestructuras viarias necesitadas de mantenimiento.
Logística y turismo
El portavoz de la UPL recordó en primer lugar que ya en 2021, cuando a priori tendría que haber finalizado la concesión de la autopista del Huerna, había presentado un texto «parecido» en el que también se pedía la supresión del peaje de la AP-71 (León-Astorga). «Pedíamos lo que se estaba haciendo en otros lugares de España que tenían más fortuna que nosotros», explicó Santos antes de destacar los beneficios que tendría la supresión del peaje a Asturias tanto desde el punto de vista económico, gracias al desarrollo de la actividad logística y turística, como de la seguridad vial, puesto que se descongestionaría la carretera N-630 y evitaría que muchos de los 7.500 vehículos que la utilizan cada día tuvieran que cruzar el puerto de Pajares. Santos abundó además en que este peaje está «en el top tres» de los más caros de España. «Y eso penaliza el movimiento de mercancías, porque se encarece con el pago de la autopista o con el coste en tiempo y en seguridad que supone ir por la carretera nacional», agregó el parlamentario leonesista antes de recordar que hace tres años ya advirtió que la prórroga de la concesión había sido «arbitraria» y que la sanción a la que ahora se expone España acabaría llegando por «perjudicar a la ciudadanía para favorecer el negocio de una empresa». «Entonces lo justificaron diciendo que se necesitaba más tiempo para amortizar la inversión y que eso abarataría las tarifas, pero sólo fue una mentira más, porque sólo las autopistas entre Málaga y Estepona y entre Bilbao y Zaragoza son más caras», sentenció Santos antes de recordar en todo caso que tanto el PP como el PSOE han suprimido posteriormente desde el Gobierno numerosos peajes en otros puntos de España.
"¿Tendrá tiempo Puente?"
Por su parte, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea consideró que se trata de una petición «razonable», ya que «se ajusta a derecho». «En este país se habla mucho de corrupción y de conflicto de intereses, pero han tenido que venir desde Europa a corregir esto pese a que sólo hay que poner en un buscador Aznar y Sacyr», indicó Igea antes de confiar en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, «tendrá a bien hacer realidad esta propuesta». «Aunque no es de su región, el asunto afecta a su comunidad, así que espero que encuentre tiempo entre vídeo y vídeo para eliminar el peaje», dijo.
Mientras, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, destacó que Europa «ha sacado los colores al PP», partido al que acusó de «parasitar las instituciones para tomar decisiones «en contra de la legalidad». «Se les tenía que caer la cara de vergüenza, pero la prioridad es suprimir el peaje para que los leoneses y los asturianos puedan transitar por la autopista sin pagar un euro», concluyó.
En representación de Vox, la procuradora María Luisa Calvo defendió la necesidad de mejorar las comunicaciones, sobre todo en el medio rural para facilitar el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación, sin que suponga un gasto adicional para los ciudadanos. Recordó que han registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de Carreteras para eximir de los peajes a las personas con movilidad reducida y para poder suprimirlos en casos de interés público. Calvo se mostró de acuerdo con la petición de UPL, pero se sumó a la enmienda que presentaría posteriormente el PP (y que la UPL no aceptó) para extenderla a otros peajes. «Al Gobierno le gusta subir impuestos y es cierto que las carreteras no son gratis, pero el ciudadano ya está bastante asfixiado. Ahora nos venden la Ley de Movilidad Sostenible, pero en realidad quieren poner más impuestos o que la gente no use el coche por el coste que tiene, por lo que al final se perjudica a la clase trabajadora. Y eso es algo letal, sobre todo para las zonas en riesgo de despoblación», sentenció.
Tomó a continuación la palabra el socialista Diego Moreno, quien hizo referencia a la relación «histórica, humana y comercial» entre León y Asturias y lamentó que la Junta «nunca lo haya entendido» ni haya apostado por otras vías de comunicación como la carretera de Valdeprado, en la que «sí está colaborando el Principado de Asturias». «El PSOE siempre tiene que solucionar los problemas que genera el PP, porque la prórroga de la concesión de la AP-66 fue una injusticia, pero también se hizo con un procedimiento irregular por no ajustarse a las normas de contratación y no velar por la igualdad de trato entre lo distintos operadores económicos que pudieran interesarse por la gestión de la infraestructura. No fue un proceso, pero no nos extraña», sentenció.
En todo caso, el procurador del PSOE apeló a la «cautela» a la hora de hablar ahora de la supresión del peaje, puesto que es necesario esperar a «conocer las responsabilidades que se sustancian y si finalmente se sanciona a España». «En todo caso, somos partidarios de suprimir peajes cuando acaban las concesiones e incluso antes si no supone un gran coste para el Estado. Lo hemos hecho en más de 1.000 kilómetros desde 2018 y eso es lo contrario de lo que hacía el PP, que prorrogaba las concesiones incluso antes de que acabasen. En el caso de la AP-66, se han aprobado algunas bonificaciones, pero liberarla tendría un coste multimillonario y por eso espero el PP pida perdón», concluyó Moreno antes de plantear que el texto de la UPL hiciese referencia a buscar la fórmula menos lesiva para el Estado a la hora de suprimir el peaje.
Las promesas de Zapatero
Por su parte, el procurador del PP Antonio Mendoza recordó que la AP-66 es el único tramo de la vía de alta capacidad entre Gijón y Sevilla que tiene peaje y cargó además contra el estado de las carreteras N-625 y N-621, que unen Asturias y Cantabria con la montaña oriental. En cuanto al Huerna, el también alcalde de Oseja de Sajambre aseguró que el PP está a favor de la supresión de peajes y recordó la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de cobrar una tasa por el uso de todas las autovías. «Al final dio marcha atrás por su propio interés», defendió el parlamentario antes de recordar las promesas efectuadas por los socialistas en 2004 para suprimir el peaje en la etapa de Zapatero. «Y ahora está Sánchez, pero el peaje sigue ahí y parece difícil que Óscar Puente vaya a suprimirlo con el cariño que le tiene a León. Sólo ayudan a las comunidades socialistas o independentistas, pero ustedes callan y otorgan», proclamó Mendoza en alusión al grupo del PSOE en las Cortes.
Además, criticó a la UPL por seguir apoyando al PSOE «pese a reconocer que les engañan» y recordó el pacto entre PSOE y BNG para bonificar el peaje de la AP-9. «Ustedes no consiguen nada», le espetó a Santos antes de plantear que su propuesta se extendiera a todas las autopistas de peaje que hay en la comunidad, entre ellas la AP-71 (León-Astorga).
Finalmente, Santos tomó la palabra y asumió la enmienda del PSOE, pero descartó la del PP, puesto que la PNL se basaba en el expediente de infracción que la Comisión Europea ha abierto sobre la prórroga de la concesión de la autopista del Huerna. «Presente usted una sobre la AP-71 o sobre la N-625 y la N-621 y las apoyaremos, pero trabaje usted algo, léase las iniciativas y no traiga la misma enmienda que hace tres años», concluyó el parlamentario leonesista.