Al menos dos acusados más en el juicio por el accidente de La Vasco cuentan con seguros

El pasado 5 de abril el juzgado de lo Penal 2 de León acogió el inicio del juicio por el accidente que el 28 de octubre de 2013 causó la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa (HVL) y en el que otros ocho resultaron heridos. Apenas duró unas horas. Ese día estaba previsto el interrogatorio de tres de los 16 imputados, pero la sesión se frenó en seco durante la exposición de cuestiones previas. «Después de más de siete años y medio de procedimiento penal, dos de los acusados, José Eliseo Solís García y José Marcos Ulecia Román, presentaron de forma novedosa sendas pólizas de responsabilidad civil con Mapfre» y, «a consecuencia de esa presentación novedosa, extemporánea y dilatoria», el juzgado de lo Penal se vio obligado a acordar la suspensión del juicio (decisión que se hizo firme el día 15 de abril) y a devolver el procedimiento a Instrucción 4.

En este relato de los hechos, recogido en un auto emitido por el juzgado instructor a 21 de mayo, se ahonda en que ya en 2015, durante su declaración en sede judicial, se requirió «a todos los investigados» que comunicaran «si tenían póliza de seguro y concretaran con quién, no indicando nada al respecto, ni aportando póliza alguna durante todos estos años». La misma operación se repitió –siempre según este auto– «mediante providencia de fecha 9 de marzo de 2017», cuando «expresamente se acordó requerir a todos los investigados, a través de su representante legal, para que aportaran en el plazo de cinco días sus pólizas de responsabilidad civil y los justificantes de pago de la prima». También entonces, apunta la juez, «se dio la callada por respuesta». Así, no fue hasta que arrancó el juicio cuando se conoció que estos dos acusados tenían un seguro que les cubría en el momento del accidente. El resto, hasta completar los 16, fueron llamados uno a uno a la sala para que respondieran a la magistrada si tenían algún seguro. La respuesta fue «no».

Sin embargo, días después, la correduría de seguros Adartia no sólo informó de que José Eliseo Solís Álvarez y José Marcos Ulecia Román contaban con una póliza, sino que también otro de los acusados, Javier Martínez Rico, tenía un seguro contratado a través de Adartia, si bien dejaba claro que «nunca ha comunicado el accidente ocurrido en la explotación minera, por lo que nunca se ha aperturado siniestro». Por medio de su representación legal llegó hace apenas unos días al juzgado un documento (firmado a 14 de junio) en el que se indica que otro de los imputados, Mario Calvo Herce, director general de la empresa en ese momento, había sido informado por «el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja», de que este organismo tenía concertada una «póliza de seguros colectiva con la compañía Mapfre para todos sus colegiados», entre los que se incluye Calvo Herce, póliza «en vigor en el momento de los hechos y que tenía cobertura» para el accidente. De ella se aportaba una copia y se informaba, además, de que se había «cursado el correspondiente parte de siniestro» a la compañía.

Este escrito llegó después de que el juzgado de Instrucción 4, el día 6 de este mes, emitiera una providencia en la que avisaba de que «en el plazo máximo de diez días» desde su comunicación y «bajo apercibimiento de desobediencia» Mapfre debía aportar «las pólizas originales o copia certificada» suscritas con Solís y Ulecia y que Amic Seguros Generales debía ser informada de su condición de responsable civil directo en virtud de la cobertura de la póliza a la que estaba adherido Solís en el momento de los hechos y enviar el original o copia certificada también en el plazo fijado para Mapfre. Además, pedía que se oficiara «de forma urgente» a los cinco colegios oficiales de ingenieros superiores de minas (Levante, Mediodía, Nordeste, Noroeste y Norte) para que –bajo las mismas condiciones de tiempo y consecuencias– certificaran si los investigados Solís, Ulecia, Antonio del Valle y Arturo del Valle eran colegiados a fecha del accidente y «tenían cubierto o estaban incluidos en póliza de responsabilidad civil suscrita en su caso por la entidad colegial», debiendo entonces aportar copia certificada o el original con las condiciones generales y particulares y justificante de pago en vigor. Así, dado este último plazo, en apenas unos días el Juzgado pretende conocer los datos definitivos que permitirán avanzar y volver a fijar una fecha para el juicio. Se acota un poco más la espera.