La liquidación presupuestaria de la última cuenta rendida por los ayuntamientos de Castilla y León al Consejo de Cuentas puso de manifiesto que todos ellos tuvieron un superávit de 152 millones de euros, así como un remanente de tesorería positivo en el 99 por ciento de las entidades locales, con una cantidad global de 1.275 millones. En datos como la deuda viva, el conjunto debe 776 millones de euros, mientras que los fondos líquidos superan los 1.553 millones de euros.
Así lo señaló este jueves el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, durante la inauguración en la Facultad de Derecho de la Universidad de León del Congreso ‘Retos de la financiación local’, donde señaló la existencia de 4.929 entidades locales en Castilla y León, lo que supone el 28 por ciento de los ayuntamientos y el 60 por ciento menores, de las cuales el 55 por ciento están en la provincia de León y que, en el último ejercicio, rindieron cuentas el 83 por ciento, lo que supone seis puntos más de la media nacional.
“Sin perjuicio de que pueda ser oportuna una revisión del sistema de financiación autonómica, el incondicionado por parte del Estado o la Comunidad Autónoma o de alguna figura impositiva que se han quedado claramente obsoletas, como es la plusvalía”, Amilivia puso de relieve que los ayuntamientos de Castilla y León “gozan de una buena situación económica”, de forma que “el municipalismo no es el problema del déficit público”, aunque “sea necesario reconfigurar las competencias”.
Para el alcalde de León, el déficit de financiación de las entidades locales es una cuestión “de la que siempre se habla pero que nunca se aborda de una forma eficiente”, a pesar de que asumen competencias y “muchísimas” prestaciones de servicios que están fuera de sus propias competencias, lo que genera “importantes desequilibrios económicos y financieros en la gestión”.
Por ello, consideró “urgente” la existencia de un nuevo modelo de financiación local, al tratarse además las entidades locales de “la administración más próxima a los ciudadanos” y, por tanto, “aquella en la que realmente buscan las soluciones y respuestas con mayor inmediatez”, a pesar de que “en muchos casos ni siquiera sean competencias propias”.
Diez confió en que los ponentes de la jornada “ofrezcan luz, propuestas y soluciones” a cómo resolver el “enorme problema de la financiación local”, ya que, además, “muchas de las competencias impropias están también infrafinanciadas”, de forma que “se necesita poner recursos propios para mantenerlas”. Así, apuntó que se requiere “una correcta financiación de las competencias impropias que se asumen y una mayor capacidad de financiación para prestar servicios a los ciudadanos”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, puso de relieve la existencia de competencias impropias en áreas como los derechos sociales, en la que “aunque la Junta de Castilla y León financie una parte”, esta “nunca llega a todo el coste que supone el servicio”, de forma que “tiene que salir de fondos propios de la institución”.
“La suerte que tenemos ahora es que, al no existir la regla de gasto, podemos utilizar los remanentes en lo que queramos, pero si tuviéramos que volver a la senda de gasto y déficit anterior a la pandemia, tendríamos un serio problema de financiación, por lo que tenemos que tratar de resolverlo antes de llegar a esa circunstancia para evitar una situación grave para todas las economías”, apuntó Courel.
‘Retos de la financiación local’
La catedrática en Derecho de la ULE, María Teresa Mata, expuso que a lo largo del Congreso ‘Retos de la financiación local’, que se celebrará entre hoy y mañana, se abordará “un tema importantísimo que lleva muchos años encima de la mesa”, como es la revisión del modelo de financiación local, con lo que se pretende ejercer “una pequeña medida de presión” para que se retome.
Mata se mostró consciente de que las entidades locales “necesitan garantizar su autonomía, sobre todo financiera, y su sostenibilidad”, por lo que en el congreso se revisarán los problemas generados por sus propios tributos, como la plusvalía, y la necesidad de revisar el sistema de transferencias por parte del Estado y las comunidades autónomas para garantizar mayores recursos a unas administraciones que “son de proximidad y las que más afectan a los ciudadanos”.