Amilivia asegura que la autonomía leonesa "cabe" en la Constitución

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, aseguró este miércoles que, dentro de la Constitución española “cabe la posibilidad” de la autonomía para la Región Leonesa, para lo que recordó que el Tribunal Constitucional señaló, en una sentencia de 1984, que el procedimiento autonómico de incorporación a una comunidad “está cerrado”, mientras que no lo está “la modificación estatutaria”, de manera que “cualquier modificación del mapa de Castilla y León implicaría la necesidad de modificar el estatuto y que fuera refrendado por la ley orgánica”, detrás de la que se encuentra “la voluntad de los españoles”.

Así lo aseguró este miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad de León, a donde acudió para impartir la conferencia ‘Reflexiones sobre la Constitución y el Estado autonómico’, una Carta Magna “del consenso y la concordia”, a la que se refirió como “la más duradera de la historia de España”.

Esta longevidad de la Constitución se debe, para Amilivia, a que “responde a un acuerdo entre las fuerzas políticas que supieron superar unos siglos XIX y XX caracterizados por la inestabilidad”. Por ello, consideró que “cualquier reforma que se acometa deberá respetar el pacto que dio lugar en su día a su aprobación”.

Entre estas reformas, el presidente del Consejo de Cuentas resaltó la necesidad de que incluya “el principio de igualdad en la corona” para que “no haya una limitación de las mujeres para acceder a la misma”, así como la modificación del Senado que “debe ser una cámara territorial”, el reconocimiento de la pertenencia de España a la Unión Europea y “cerrar definitivamente el techo competencial del estado autonómico”. En definitiva, “las propuestas de reforma que, en su día, planteó el Consejo de Estado”.

Por otra parte, Mario Amilivia se refirió en su intervención al estado autonómico, que “garantiza la unidad común e indivisible de los españoles” y el derecho a la autonomía de las regiones” desde los principios de “igualdad y solidaridad” que “necesitan especialmente comunidades autónomas como Castilla y León”.