Amilivia, que esta mañana compareció este jueves en la Comisión de Economía de las Cortes de Castilla y León para presentar tres informes de fiscalización, también recordó que el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos con motivo del estado de alarma se reanudará el 1 de junio, tal y como acordó el Gobierno.
En lo que va de mandato, el presidente del Consejo de Cuentas ya ha comparecido ante las Cortes en una decena de ocasiones para exponer un total de 34 informes, que suponen casi un 20 por ciento sobre el total histórico de 194 fiscalizaciones realizadas por el Consejo de Cuentas. Tras la sesión de este jueves, quedan siete informes ya aprobados y pendientes de comparecencia, sin perjuicio de la quincena de trabajos correspondientes al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2019 que se irán aprobando en los próximos meses y de las seis auditorías ya iniciadas del Plan 2020.
En la sesión de hoy se analizó un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Burgos correspondiente en el ejercicio 2016 en el que se puso de manifiesto el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y sostenibilidad financiera en el ejercicio 2016 provocado por la asunción de la deuda del Consorcio de la Variante Ferroviaria y del polígono de Villalonquéjar. No obstante, Amilivia reconoció que el Consistorio cumplió con la obligación de aprobar un plan económico-financiero que sirvió para cumplir con los objetivos de estabilidad en el ejercicio 2017.
Así, explicó que con el plan económico-financiero 2017-2018, el ayuntamiento consiguió reducir el nivel de deuda por debajo del 110 por ciento. A su vez, en el informe también se criticó la falta de plan estratégico para regular subvenciones, así como incumplimientos normativas.
Para el portavoz del Grupo Popular, Salvador Cruz, la situación del Consistorio de Burgos estuvo provocada por el cambio de normativa de la UE que obligó a incluir en los ayuntamientos la deuda de los consorcios. Además, destacó su enorme esfuerzo posterior para reducir su deuda y volver a cumplir los requisitos de estabilidad en el ejercicio siguiente.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Briones, criticó el “descontrol absoluto de las subvenciones”, así como las medidas aplicadas por el nuevo equipo de gobierno para corregir los desequilibrios. De forma similar se pronunció la portavoz de Cs, Blanca Delia Negrete, que criticó el incumplimiento normativo en la concesión de subvenciones.
Reparos
Al mismo tiempo, Amilivia presentó dos informes sobre los acuerdos contrarios a reparos en las entidades locales en los que se analizan los ejercicios 2014, 2015 y 2016. En los mismos se pone de manifiesto que el mayor número de acuerdos contrarios a reparos continúa siendo contratación, con el 74,3 por ciento. Asimismo, en subvenciones y ayudas, la principal causa son los incumplimientos de la normativa que regula el procedimiento de concesión.
El presidente del Consejo de Cuenta resaltó la evolución positiva que se observa en los tres años analizados, dado que el número de entidades que presentan sus informes en plazo se incrementa y Amilivia también se mostró satisfecho con el grado de cumplimiento de las recomendaciones. Así, el Consejo envió un total de 38 recomendaciones a las 22 entidades locales que integraron la muestra para que se pronunciaran sobre su cumplimiento. De ellas, un total de 18 fueron aplicadas total o parcialmente y otras nueve tomadas en consideración, sumando por lo tanto un grado de aceptación de las recomendaciones 71 por ciento.
Esta evolución positiva fue destacada por el procurador popular José Alberto Castro, que recalcó que el 75 por ciento de las entidades locales cumple a la hora de rendir cuentas, a la vez que indicó que la falta de medios técnicos y humanos es la principal razón de los incumplimientos.
Esta opinión fue compartida por el socialista Luis Briones, que recalcó la necesidad de dotar a las entidades locales menores de los medios necesarios para cumplir con sus obligaciones y poder desarrollar las recomendaciones del Consejo de Cuentas.
Por su parte, Juan Pablo Izquierdo (Ciudadanos) argumentó que en aras a la transparencia y la eficacia de los recursos públicos, es necesario que seguir avanzando en el cumplimiento de las obligaciones de todas las entidades públicas.