El segundo motivo se limita a un problema técnico. Tal y como se demostró este martes en el propio Juzgado, la grabación del testimonio de los peritos resulta inaudible, de tal manera que se hace necesaria su repetición. Todo ello llevó a la jueza a suspender las declaraciones previstas para este martes, lo cual deriva a su vez en el levantamiento de las imputaciones.Jesús Sánchez Lombás, abogado de cuatro de los exconsejeros de Caja España, explica lo ocurrido en declaraciones a este periódico: «En su momento, el Juzgado interpretó que el abogado y la procuradora de Caja España también eran el abogado y la procuradora de los consejeros, y eso no es así. Las actuaciones, por tanto, ya nacieron viciadas», argumenta Lombás, para añadir después que «el testimonio de los peritos resulta inaudible, otro motivo que obliga a repetir la tramitación del proceso desde ese momento».
Jesús Sánchez Lombás, abogado de cuatro exconsejeros de la entidad, considera que el proceso judicial "nació viciado" Cabe recordar que el abogado que representaba a Caja España cuando se tomó declaración a los peritos, en realidad no tenía los poderes para ello y no se encargaba de defender a la entidad ya desde el año 2003. De esta forma, será en el mes de octubre o noviembre («no ser á posible antes por la saturación de los juzgados de León», lamenta Lombás) cuando los peritos de Caja España tengan que repetir su declaración en instancias leonesas. En esta ocasión, ahora sí, con la presencia de todos los abogados de los 14 exdirigentes de la entidad financiera que participaron en el famoso consejo del 8 de enero de 2009. Estos eran el exalcalde de León, Francisco Fernández, el secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado,el entonces presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, el procurador Javier García Prieto, además de Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez, Bernardo Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro, Marcos García, Zenon Jiménez-Ridruejo, Alejandro Menéndez, María Begoña Núñez y María Olga Palacio.
El caso judicial se retrotrae pero no queda anulado, un proceso que comenzó con la denuncia presentada en 2011 por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, al poner en duda la legalidad de operaciones de crédito en favor de Santos Llamas por un importe de70 millones de euros.
El caso de García Prieto, al TSJ
Mención especial merece el procurador del PP, Javier García Prieto. La jueza ha derivado su próxima declaración judicial (en caso de que sea necesaria) al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la condición de aforado del expresidente de la Diputación de León.