Es una de esas frases que han ido quedando en el olvido –sobre todo en zonas urbanas– con el empuje de las nuevas tecnologías, pero seguro que no son pocos los pueblos en los que todavía se puede escuchar cuando se pierde la señal de la televisión. «Es de allá», se decía como apelando a la divina providencia para que la imagen se recuperase cuanto antes en aras a seguir disfrutando del programa de turno.
Pues esta frase bien podría utilizarse a la hora de abordar la trifulca política que se ha desatado en cuanto a la competencia de impulsar ayudas para la adquisición de receptores ante el nuevo apagón de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que iniciará el próximo 14 de febrero sus emisiones en alta definición de manera obligatoria.
¿Y qué supone este cambio? En el lado positivo de la balanza podemos destacar la mayor calidad imagen y el sonido envolvente como principales atributos de la calidad de la emisión en HD. Sin embargo, también hay un lado negativo, que para poder disfrutar de ello es imprescindible tener cobertura, la antena adaptada y un equipo compatible con esta nueva tecnología. «Más del 98% de los aparatos ya lo son», señalan desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dependiente del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública.
Sin embargo, los televisores más antiguos pueden carecer de esta posibilidad, por lo que sería necesario adquirir uno nuevo que sea compatible con la emisión en HD o instalarle al que ya tenemos en casa un decodificador o sintonizador que lo sea. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor y permiten recibir la señal de TDT en formato de alta definición. Una vez que se haya comprobado que es compatible, es posible que se tenga que reordenar los canales de televisión.
Explicado el problema, cabe referirse ahora con detalle a la trifulca política en cuanto a la concesión de ayudas para la compra de estos dispositivos. ¿De quién es la competencia? ¿Del Gobierno o de la Junta? ¿De allá o de acá?
Las Cortes de Castilla y León aprobaron este viernes una propuesta del PP en la que se insta al Gobierno a habilitar esas ayudas para la adquisición de receptores de señal de HD vía satélite por parte de los hogares de los municipios ubicados en zonas donde no llegue la señal de TDT. Dicha iniciativa recibió además el apoyo de Vox, UPL-Soria Ya y Por Ávila, además de contar con la abstención de Francisco Igea y el voto en contra de Podemos y del PSOE, que entró en un debate con los ‘populares’ sobre quién tiene la competencia y pidió la colaboración de la Junta.
El procurador leonés del PP Ricardo Gavilanes fue encargado de defender la propuesta y explicó que el apagón de la TDT es una medida «impuesta» por el Gobierno que obliga a emitir la señal de televisión en alta definición, lo que va a provocar que zonas de la comunidad se queden sin ver la televisión por falta de cobertura. Además, aseguró que esto supondrá para los hogares afectados un desembolso de 300 euros por el receptor y otros 200 por la antena parabólica que debe instalar un técnico y afeó que el Gobierno haya «ignorado» las cartas de la Junta para el acceso en igualdad a la emisión a través de la tecnología HD. «Ahora nos encontramos con las consecuencias de su falta de previsión», resumió.
Sin embargo, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, acusó a la Junta de descartar la puesta en marcha de esta línea de ayudas para afrontar el apagón de la TDT. Además, recordó que el Gobierno ha trabajado con las diferentes comunidades, así como con las televisiones para planificar este proceso. Reuniones en las que además se abordó «sin éxito» la puesta en marcha de planes de financiación para la compra de decodificadores por parte de las diferentes autonomías, entre ellas la Junta de Castilla y León. «El PP gobierna esta comunidad y por ello ha sido partícipe de las reuniones de trabajo en la que se ha abordado este apagón. Si tan preocupados han estado por el asunto, la pregunta es por qué no han buscado soluciones previas y no a escasos días de que se produzca el apagón, alzar la voz para reclamar una línea de ayudas, lo que demuestra que no han hecho su trabajo o que su única intención es la de manipular y generar una nueva discordia», argumentó Sen.
En la misma línea, el PSOE ya había planteado en las Cortes que fuese la Junta la encargada de poner en marcha esas ayudas, tal y como había hecho en apagón de la televisión analógica en el año 2010 y también posteriormente mientras el PP estaba en el Gobierno de España a la hora de promover la instalación de receptores por satélite en zonas donde la señal de televisión no se recibe con suficiente calidad.
Y lo cierto es que así era. Fueron por ejemplo 238 los beneficiarios en 2017 y 352 en 2018, tal y como puede comprobarse en los comunicados emitidos entonces por la Junta con motivo de la resolución de las ayudas.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que –en 2010, con motivo del citado apagón analógico, aún en la época de Zapatero– la Junta ya dejó claro que el Gobierno era la administración competente en el acceso público a la televisión y en el control de su prestación por parte de los radiodifusores. En todo caso, entonces se apostó por la «colaboración entre administraciones» a la hora de articular el proceso, algo que ahora parece imposible con independencia de que al final la culpa sea de allá o de acá.
Y la UPL parece que lo tiene claro, porque sus diputados provinciales acusaron este miércoles a la Junta de «lavarse las manos» de nuevo con una competencia propia. Afirman que es su competencia y se la ha «endosado» a las diputaciones –la de León se desmarcó del acuerdo alcanzado por la administración autonómica con las otras ocho de la comunidad– aportando una cantidad «ínfima» de 65.000 euros que «sólo servirá para hacer un estudio para cuantificar los damnificados por el cambio en la recepción de los canales públicos, pero no para resolver un problema que se traducirá en que muchos de ellos dejen de tener acceso a la televisión». «Estamos hablando de muchos municipios y muchos habitantes, especialmente de la montaña leonesa» añaden antes de considerar que «es una vergüenza que vendan que es un avance revolucionario cuando para el mundo rural es un retroceso económico y una discriminación», concluyen los diputados de la UPL.