El decano del Colegio de la Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes, y su Junta de Gobierno han recibido un mayoritario apoyo a la gestión económica del Colegio y la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2023, según señalaron en un comunicado de prensa en el que destacaron que «a pesar de las voces que en los últimos días se alzaron cuestionando la transparencia en la gestión colegial», la abogacía la respaldó «tras una explicación minuciosa a cuantas cuestiones se suscitaron por los colegiados asistentes». Al inicio de la sesión el decano recordó que el colegio es una institución de 180 años de historia, con una presencia social e institucional importante en la vida de la provincia de León y un pilar esencial en la administración de justicia, «pues no en vano los ciudadanos confían a los profesionales del Colegio la defensa de sus intereses ante los órganos judiciales».
Durante este encuentro los colegiados pudieron plantear dudas sobre diferentes asuntos, como la Mutualidad de la Abogacía y el Turno de Oficio. En este caso el debate se aplazó, planteándose la posibilidad de celebrar una junta general extraordinaria por considerar que estas cuestiones son «de relevancia para la profesión». El decano, no obstante, como abogado del turno de oficio, recordó el «compromiso demostrado» por parte del Colegio de la Abogacía y el Consejo General de la Abogacía Española de cara a «procurar una mejora en las condiciones del turno de oficio y de los profesionales que lo prestan».
Por otro lado reiteró el apoyo del Colegio a los mutualistas ante «la preocupación existente en nuestro colectivo por procurar que todos los profesionales del sector alcancen unas condiciones de jubilación suficientes y dignas, independientemente de cuál haya sido o sea su fórmula de cotización a lo largo de su trayectoria profesional». Además, reafirmó la decisión de apoyar la reclamación a la Seguridad Social para que estudie la opción de establecer una pasarela para que aquellos mutualistas que lo deseen puedan transferir su ahorro de jubilación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) de la Seguridad Social siempre que eso no suponga un perjuicio al resto de los mutualistas, y se establezcan los complementos precisos para que todos los profesionales que hayan cotizado los años requeridos en las distintas mutualidades reciban rentas mínimas de la misma cuantía que quienes hayan estado acogidos al sistema público.
Además, se apoyó la reclamación de la aplicación de un tratamiento fiscal acorde a la naturaleza de las rentas percibidas.