Aprueban los expedientes de memoria histórica en La Llera y Fuentesnuevas

El trabajo de la Junta de Castilla y León en Memoria Histórica continúa, pese a la entrada en el Gobierno autonómico de Vox, partidario de la supresión de la norma en la que se asienta esta labor, y de la aprobación de otra de concordia. El Consejo Técnico, en su primera reunión de esta legislatura, dio luz verde a siete expedientes de localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y Dictadura.

En concreto, se trata de los expedientes para la localización y exhumación de víctimas en los cementerios del Carmen (Valladolid), Fuentesnuevas (Ponferrada), fosa común en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y víctimas en el paraje La Llera, en la localidad de Candemuela, municipio de San Emiliano (León).

Igualmente, vieron luz verde los proyectos para la localización y exhumación de víctimas en fosa común de Adradas, en el cementerio de Las Casas y en el paraje Baldío de Muñecas, en Santa María de las Hoyas, los tres en la provincia de Soria.

Las competencias en materia de Memoria Histórica fueron ejercidas en la pasada legislatura por la entonces Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, regida por Francisco Igea (Ciudadanos), pero en esta etapa han pasado a la Consejería de la Presidencia, a cargo de Jesús Julio Carnero (PP).

El Consejo Técnico de la Memoria Histórica, encargado de informar con carácter preceptivo y vinculante de las solicitudes para la localización y exhumación de víctimas de la guerra civil y la dictadura, está presidido ahora por la directora general de Relaciones Institucionales, Irene Muñoz, quien, en la primera reunión, achacó la demora en su convocatoria “a la gran cantidad de solicitudes y la intención de aprobar todos ellos en una sesión”.

Y así fue, pues todos los informes que pasaron por la mesa del Consejo Técnico presentaban un informe que "se adecuaba" a lo exigido en el protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Fueron siete los expedientes aprobados, uno correspondiente a Valladolid, Ponferrada, Ávila y León, y otros tres a Soria, según consta en el acta de la reunión, consultada por Ical.

Todos ellos aprobados por unanimidad en un órgano formado por seis representantes de las consejerías de la Presidencia y de Cultura y Turismo, así como por dos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otros dos de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

En la sesión, el representante de la Consejería de Cultura y Turismo planteó que se debe contar con el escrito de permiso de los familiares directos de las víctimas para los trabajos de localización, exhumación e identificación, lo que abrió un debate con los miembros de la Dirección General de Relaciones Institucionales (Consejería de la Presidencia) y las asociaciones de Memoria Histórica.

Según constató el funcionario de Relaciones Institucionales, no se exige para la aprobación del proyecto el consentimiento de los familiares de las víctimas, puesto que se considera legitimadas, por derecho propio, a las asociaciones sin ánimo de lucro que incluyan en sus actividades la indagación, localización e identificación.

Por su parte, el representante de la Asociación de la Memoria Histórica de Valladolid aclaró que en muchas ocasiones ellos actúan sin existir familiares o desconociendo la identidad de las víctimas, ya que en estos últimos casos es complicado recabar el consentimiento de los familiares.

En su intervención en las Cortes para la presentación de su programa, el consejero de la Presidencia explicó que las actuaciones en memoria democrática se dirigirán a promover “la reconciliación y la concordia en torno a nuestro pasado común, evitando cualquier uso partidista de nuestra historia más reciente”.

La Consejería de la Presidencia será la encargada de elaborar la nueva normativa de concordia, como se recoge entre las medidas del pacto de gobierno de PP y Vox. Será “próximamente” cuando se inicie su redacción, en la que se integrará toda la regulación en materia de memoria democrática, con el objetivo, como reseñó Carnero, de que “nuestra historia sea un elemento integrador, no de división”.