El Ayuntamiento de León ha aprobado inicialmente este viernes en sesión plenaria la nueva ordenanza del servicio de transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos, que entrará en vigor una vez que la Diputación culmine el proceso administrativo para la liquidación de Gersul. Será en principio el 1 de enero cuando el cambio se haga efectivo y el Ayuntamiento asuma la gestión tributaria de un servicio que se seguirá prestando a través de un convenio con la institución provincial. Además, está previsto que unos 10.000 nuevos inmuebles se incorporen a un censo que no se actualizaba desde 2007.
El texto ha salido adelante con el voto a favor de PSOE y UPL, la abstención del PP y el rechazo de Vox y sigue la estela de la que ya regulaba los cobros gestionados por Gersul. Sin embargo, la concejala del PP Ana Franco ha solicitado la inclusión de algunas modificaciones técnicas para que el cuadro de tarifas sea idéntico, mientras que desde Vox se pidió que se incluyeran otros tres tramos a la hora de calcular el importe de la tasa en función de la superficie del inmueble. "No es lo mismo un comercio de 100 metros cuadrados que uno de 490 y no entiendo por qué las oficinas y centros oficiales pagan más cuota que los comercios y las industrias pese a que está claro que no generan el mismo volumen de residuos", ha explicado la portavoz de Vox, Blanca Herreros.
Por su parte, el portavoz de la UPL, Eduardo López Sendino, ha solicitado la inclusión de una enmienda para bonificar un 20% de la tasa que pagan los locales y viviendas sin uso, dados los problemas para alquilarlos.
Finalmente, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha explicado que se abre un periodo de alegaciones de un mes para poder valorar todas estas propuestas. Ha explicado que la premura en aprobar la ordenanza inicialmente viene de la necesidad de que pueda entrar en vigor el 1 de enero, fecha en la que la Diputación tiene previsto culminar la disolución de Gersul. "Tenemos tiempo ahora de debatir todas estas cuestiones con rigor", ha indicado el regidor, que ha solicitado los informes técnicos correspondientes sobre la propuesta de bonificación de la UPL. "No sabemos si la Diputación va a asumir el desequilibrio económico que supondría esa bonificación. No creo que lo haga y entonces alguien tendría que asumirlo y podría prejudicar la prestación de otros servicios municipales. No podemos decidir alegremente y sin informes técnicos temas sustanciales que afectan a terceros", ha argumentado Diez.