El Ayuntamiento de San Andrés tendrá que reiniciar los trámites para la estabilización de la plantilla

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebró este miércoles una sesión plenaria de carácter extraordinario que habían solicitado los grupos de la oposición después de que la alcaldesa, Ana Caurel, se ausentase de la convocada el pasado 16 de mayo para viajar a Granada a negociar la cesión del edificio Araú a la Fundación Uapo, que se encarga de proporcionar cuidados a pacientes oncológicos.

Se trataba de una especie de debate sobre el estado del municipio y por eso los grupos de la oposición insistieron en su celebración. Temas como la estabilización de la plantilla, la amortización de la deuda (que se sitúa en algo más de 40,1 millones de euros) la oferta de empleo público, la supervisión de los contratos en curso y las inversiones figuraban en el orden del día que esta vez sí contó con la presencia de la alcaldesa y que superó las cuatro horas y media de duración.

Sin embargo, el tema más relevante fue el del proceso para la estabilización de la plantilla. Y ello después de que trascendiera una denuncia anónima que ha derivado en un acuerdo de la Delegación del Gobierno en Castilla y León en el que requiere a la alcaldesa para que en el plazo de un mes anule los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en los que se aprobaron las bases del proceso selectivo para las 25 plazas de auxiliares de ayuda a domicilio y las 10 de educadores infantiles. Si no se hace, se promoverá su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Dicho proceso de estabilización se enmarca dentro de la normativa estatal que lucha contra la temporalidad en el empleo público, que no debe superar el 8 % el 31 de diciembre del presente año.

Así lo explicó la concejala de Hacienda, Ángeles González, quien admitió que el acuerdo del Gobierno "tira por tierra el trabajo de un año" y hace necesario "volver a reunirse con los sindicatos". Son 101 los puestos de la plantilla municipal que tendrían que pasar por ese proceso de estabilización y eso complica las cosas para llegar a tiempo. "Si no pisamos el acelerador, las consecuencias serán graves", admitió la edil.

Y dichas consecuencias pasarían fundamentalmente por la imposibilidad de recibir ayudas de administraciones de rango superior, un problema que se sumaría a la delicada situación económica del Ayuntamiento de San Andrés, según detalló la portavoz del grupo municipal del PP, Noelia Álvarez.

El acuerdo del Gobierno exige la anulación de las bases de los procesos selectivos de ayuda a domicilio y educación infantil en base a un informe de la Abogacía del Estado en León que concluye que son contrarias al ordenamiento jurídico, ya que los procesos de estabilización «garantizarán el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Sin embargo, los informes del secretario accidental y del interventor del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo concluyen que la valoración de 85 puntos para los méritos profesionales y los 15 para los académicos o de otro tipo superan los límites marcados por la Secretaría de Estado de Función Pública para los procesos de estabilización.

Ello, según el informe del interventor, "convierte el proceso en restringido" y otorga un trato "muy desigual" a las personas que ocupan un puesto en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo respecto de cualquier otra ajena que pretenda acceder a las plazas. Es por eso que las bases obviarían que la finalidad del proceso "consiste en estabilizar plazas ocupadas con carácter temporal, no estabilizar a personas".

Como ejemplo, el informe explica que alguien que trabaje en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo alcanzaría la puntuación máxima de los méritos profesionales habiendo trabajado 13,88 años, mientras que una persona de la misma categoría de otra administración necesitaría 70,83 años, lo que "excede el límite de lo tolerable avalado por la jurisprudencia".

Con el acuerdo del Gobierno sobre la mesa, el portavoz municipal del PSOE, Benjamín Fernández, recordó que en el anterior mandato, en el que era concejal de Hacienda y Personal, la propuesta era de 60 puntos para los méritos profesionales y  40 para los académicos o de otro tipo, que son los máximos que permite el Gobierno pero que también recibieron informes técnicos desfavorables. "Fue un palo, pero dijimos que nunca lo aprobaríamos sin el aval de los técnicos y así lo hicimos pese a la presión de algunos sindicatos", concluyó.