Los servicios contratados por el hoy alcalde independiente de Cuadros, que fue expulsado del Partido Popular tras ser detenido y encarcelado apenas seis meses después de asumir la presidencia de la Diputación, venían de atrás. Al menos en parte, fueron acordados y contratados por Carrasco con varios de los imputados en la trama, especialmente con Alejandro de Pedro, quien llegó a León para trabajar en la mejora de la imagen y reputación online de la entonces presidenta de la institución provincial.
«De Pedro puso todo en marcha con Isabel Carrasco», recoge el sumario que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Otro imputado, l periodista José Nevado, «también empezó a trabajar para la Diputación en la etapa de Carrasco».
Y dice más el sumario, con rotundidad: La prestación de estos servicios presuntamente delictivos «no ha sido episódica sino que se remonta al periodo de Isabel Carrasco como presidenta de la Diputación». Por entonces, ha quedado acreditado que Isabel Carrasco contrató los servicios de la editorial Madiva, que recibía cuantiosas retribuciones económicas a través de la inserción de banners institucionales en los diarios digitales ‘fantasma’ de esa empresa de Alejandro de Pedro, una práctica que se remonta a la etapa de Carrasco en la presidencia y que tuvo continuidad cuando Marcos Martínez Barazón la sucedió tras su asesinato.
Barazón, cuatro imputaciones
Presunto fraude en contratación pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y malversación de caudales En el sumario de Púnica, del que este jueves se han podido conocer varios voluminosos tomos más, se considera a Marcos Martínez Barazón presunto responsable de los delitos de fraude en contratación pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
El sustituto de Carrasco se valió de los servicios de las empresas de la trama Púnica para intentar consolidarse en el cargo. Creó un servicio de comunicación paralelo al ‘oficial’ para mejorar su imagen personal y posicionarse entre dirigentes populares con el objetivo de presidir el partido en León y perpetuarse en el sillón del Palacio de los Guzmanes.
«Barazón quería presuntamente disponer de proyectos aprobados que pudiera presentar de cara a la opinión pública para consolidarse como presidente de la institución, de cara a las próximas citas electorales», dice el sumario, que señala que «para ello acudió a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa».
Respecto a los contratos para la dinamización de las cafeterías de San Isidro, Barazón remitió los pliegos a De Pedro y luego se los reclamó con los cambios que realizaron para proseguir con su tramitación.
Los tres delitos del interventor
Presunto responsable de fraude en contratación pública, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación de caudales También recoge el sumario las imputaciones al entonces interventor de la Diputación, Manuel Jesús López, funcionario al que el actual equipo de gobierno ha intentado trasladar al ILC.
Aunque su plaza es de viceinterventor, Isabel Carrasco decidió ubicarlo como interventor al llegar al Palacio de los Guzmanes y él fue otro de los imputados en la trama Púnica. En el sumario se le considera presunto responsable de los delitos de fraude en contratación pública, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos. Él, en su declaración ante el juez, negó tener amistad con Isabel Carrasco y con Martínez Barazón.
El sumario recoge palabras expresas de Barazón: «El interventor es el primer interesado en que se haga porque tiene un huevo de terrenos en la zona, o sea, que ha dicho que no va a poner ningún problema, nada».
Sánchez, dos imputaciones
Se le considera presunto responsable del delito de malversación de caudales públicos y fraude en contratación públicaDe las llamadas intervenidas en la investigación dirigida por el juez Velasco y llevada a cabo por agentes de la UCO se describe al entonces coordinador del PP en la Diputación y alcalde de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, como «la persona de la más íntima confianza de Marcos Martínez Barazón».
Según recoge el sumario, era Sánchez –hoy alcalde de Puebla de Lillo– quien actuaba como coordinador de Prensa y quien verificaba y aprobaba el pago de las facturas emitidas por De Pedro para sufragar el coste de los diarios digitales ‘fantasma’. «Llama la atención las razones de urgencia alegadas por Pedro Vicente para no someter estas facturas al procedimiento de fiscalización ordinario», señala el sumario, que añade que «parece que se trata de una fórmula para evitar dichos controles, ya que dichas razones de urgencia se aluden de manera recurrente en los informes que presenta Pedro Vicente mes a mes».
Por las razones apuntadas en la investigación, se considera a Pedro Vicente Sánchez presunto responsable del delito de malversación de caudales públicos y fraude en contratación pública.
De Pedro y Alonso Conesa, tres
De Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa recoge el sumario que, supuestamente, tienen conformada una relación de negocios basada en la prestación de servicios de asesoramiento político y reputación online a autoridades y cargos públicos, al margen de los procedimientos legales de contratación y facturación pública. Estos servicios les permitirían presuntamente acceder a procedimientos de contratación en condiciones de ventaja frente a terceros, «habiéndose hallado evidencias de su participación en la concertación de contratos públicos. Se les considera presuntos responsables de fraude en contratación pública, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.