Bruselas propone prohibir las prácticas desleales comerciales contra los agricultores

La Comisión Europea propuso la prohibición de las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos para garantizar un trato más justo para las pymes alimentarias y agricultores.

Bruselas lamenta que hasta ahora muchos agricultores han sido los más vulnerables a las prácticas comerciales desleales. Con frecuencia “no tienen poder de negociación” ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a consumidores.

El Ejecutivo comunitario propone acabar con las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales de los contratos, las demoras en los pagos de productos perecederos u obligar al proveedor a hacerse cargo de los gastos de los productos perdidos.

Asimismo, pide a los estados miembros que designen una autoridad pública encargada de hacer cumplir las normas y sancionen las infracciones, ya que serán los países los que tendrán el poder de imponerlas en caso de infracción probada. El organismo responsable tendrá competencias para imponer una sanción “proporcionada y disuasoria”.

Esta autoridad de aplicación podrá iniciar investigaciones por iniciativa propia o sobre la base de una denuncia. En este caso, las partes que presenten una denuncia podrán pedir confidencialidad y anonimato, a fin de que su posición respecto de sus socios comerciales quede protegida.

En cualquier caso, fuentes diplomáticas recuerdan que en España ya existen una ley similar, aunque se consideran “optimistas” con la nueva propuesta del Ejecutivo. Asimismo, en España ya existe la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) una autoridad competente para vigilar este tipo de conductas abusivas. No obstante, el Ejecutivo comunitario quiere aplicar una norma para evitar disparidades entre los países, ya que hasta 20 estados miembros han aplicado una legislación en este sentido.

No obstante, habrá prácticas que se permitirán pero solo si están sujetas a un acuerdo previo entre las partes. Por ejemplo, un comprador que devuleva productos alimenticios no vendidos al proveedor o un proveedor que corra con los gastos de promoción o comercialización de los productos alimenticios vendidos por el comprador.

“La propuesta trata, sobre todo, de equidad —de dar voz a quienes no la tienen— para los que, sin tener culpa ninguna, son las víctimas de una posición de negociación débil”, ha defendido este jueves el comisario de Agricultura, Phil Hogan, en rueda de prensa.

El Ejecutivo también defiende la prohibición de este tipo de prácticas desleales ayudará a que “aumente la confianza en la cadena de suministro” y compensará la “falta de poder de negociación de estos operadores” así como más certidumbre. Por ejemplo, los agricultores estarán más protegidos en caso de que haya una cancelación de última hora y deban buscar un nuevo comprador, una de las principales quejas que aducían las cooperativas agrarias. Las normas las deberán aplicar todos los proveedores, también los que provienen fuera de la Unión Europea.

La organización de Cooperativas agrarias europea, Copa-Cogeca, ha asegurado que la propuesta “es un paso adelante” pero aun considera que debe hacer más para atajar con las prácticas comerciales desleales y pide una legislación más estricta.

La directiva de presentará, junto con una evaluación de impactos, al Parlamento y al Consejo para su aprobación, aunque la Comisión Europea espera que entre en vigor antes de que finalice su mandato en noviembre de 2019.