"Carrasco repartía la publicidad de forma casera y personalista"

La Audiencia Nacional retomó este martes –con la declaración de nuevos testigos– el juicio por la pieza separada de la Operación Púnica que está vinculada a la Diputación de León. No está previsto que la vista se reanude hasta los días 10, 11 y 12 de enero. Si no fuesen días suficientes, el calendario trasladaría el final del juicio y la declaración de los imputados al periodo comprendido entre el 23 y el 26 de enero.

Cabe recordar en primer lugar que el proceso sienta a seis personas en el banquillo con cargos por malversación, falsedad documental, fraude y tráfico de influencias o cohecho. En este sentido, la fiscalía solicita penas que suman ocho años de prisión para Marcos Martínez Barazón (entonces presidente de la Diputación tras el asesinato de Isabel Carrasco) y siete años para Manuel Jesús López (interventor) y Pedro Vicente Sánchez (coordinador del equipo de gobierno). Mientras, el conseguidor y cerebro de la trama, Alejandro de Pedro, se enfrenta a una solicitud de pena de cinco años y medio de prisión, la misma que José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena y mediador político afín al PSOE. Finalmente, se piden tres años y medio para Guadalupe Caballero, empleada de la empresa Madiva, que habría facturado los trabajos encaminados a la mejora de la reputación digital de Martínez Barazón a través de noticias favorables en periódicos zombies. Y supuestamente lo habría hecho a cambio de unas adjudicaciones ajenas a la legalidad, que no habrían llegado a producirse, a través de la gestión de infraestructuras turísticas en la estación de esquí de San Isidro.

En la sesión de este martes destacó la declaración del que fuera jefe de prensa de la Diputación en la época de la difunta Isabel Carrasco durante seis meses (hasta mediados del año 2012). "Afortunadamente no estuve más tiempo en el cargo", admitió el testigo, que en su declaración dejó claro que las prácticas que se juzgan eran anteriores a la llegada de Marcos Martínez a la presidencia de la Diputación.

Arranz explicó en primer lugar que el gabinete de prensa no tenía facultad alguna para contratar publicidad y que, cuando llegó a la Diputación, se encontró un plan de medios "personalista" en el que la selección de los beneficiarios y las cifras eran obra de Isabel Carrasco. "Era más bien un traje diseñado a medida, un documento en una hoja de Excel con la que yo trabajaba e iba restando la cantidad de publicidad que se iba haciendo en cada uno de los medios. Había incluso algunos con los que trabajábamos más a menudo y que superaban la cantidad prevista inicialmente en el plan, pero no pasaba nada. Era un procedimiento casero y muy poco institucional en el que ella actuaba ‘manu militari’ sin tener en cuenta criterio objetivo alguno", defendió Arranz antes de explicar que en aquella época Marcos Martínez, que era vicepresidente, no tenía potestad alguna en la contratación de la publicidad en los medios.

Explicó que el trabajo del gabinete de prensa se limitaba en esta materia a tramitar la factura cuando el medio de comunicación la enviaba después de publicar el anuncio. «Como jefe de prensa, tenía un documento tipo e informaba de que había salido el anuncio con el certificado correspondiente antes de enviarla al departamento financiero de la Diputación para que fuese fiscalizada por Intervención», detalló Arranz.

A mayores, explicó que Carrasco estaba por tener una imagen y una reputación "deterioradas" en los medios de comunicación, en una época en la que numerosas noticias negativas sobre la que fuera presidenta de la Diputación hasta su asesinato en mayo de 2014 habían saltado a los medios de comunicación de ámbito nacional y que ello llevaba a que los locales se hicieran también eco de las mismas pese a la publicidad institucional que recibían. Ello derivó en una relación "tormentosa" entre Carrasco y los medios. "Pocas semanas después llegaron a la Diputación Alejandro de Pedro, de la empresa Madiva, y de dos representantes de la consultora Estudio y Comunicación. Era febrero de 2012 y no les conocía de nada. Les llamó ella", detalló el testigo.

Arranz explicó que tuvieron una o dos reuniones, ambas en León, y que el objetivo era establecer un plan de comunicación con las carencias en materia de comunicación y los mecanismos para dar a conocer la institución provincial "de una manera positiva". Según el relato del testigo, Estudio y Comunicación se encargaría del plan centrado en la Diputación y las empresas lideradas por Alejandro de Pedro se centrarían en el diseño de la reputación en redes sociales para mejorar la imagen de Carrasco.

En este punto, las fiscales mostraron unos documentos que formarían parte de estos planes de comunicación y reputación y las defensas protestaron de nuevo porque aseguraban desconocer la existencia de los mismos. El juez aceptó dichos documentos y pidió que hiciesen constar sus protestar por escrito y para tomar una decisión a este respecto en la sentencia.

Los documentos implicaban la creación de varias webs en las que se volcarían los contenidos que les trasladarían desde el gabinete de prensa, es decir, las notas que suelen remitir habitualmente a los medios. El que fuera jefe de prensa de Carrasco durante seis meses explicó que en aquellas reuniones no se habló de publicidad, sino solo de estrategias de comunicación y de mejora de la reputación digital de la presidenta.

Arranz explicó que Marcos Martínez también participó en aquellas reuniones y que el entonces interventor no estaba presente, aunque se mostró convencido de que estaba enterado de todo el procedimiento. "Si no, nunca hubiera firmado esas facturas", sentenció.