Casi 9.500 pleitos por cláusulas suelo

El plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante el incremento de litigios referidos a las cláusulas suelo incluidas en las escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –de 21 de diciembre de 2016– que las declaraba abusivas ha superado ya los tres años de vigencia.

El último informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales –referido al primer trimestre del año– cifra en un total de 9.453 las reclamaciones presentadas por los leoneses contra este tipo de cláusulas hipotecarias. Esto supone por tanto una media cercana a diez cada día desde que se puso en marcha –a mediados de 2017– el citado plan de urgencia tras la sentencia europea que las anulaba.

Mientras, la cifra de asuntos resueltos se sitúa en 7.808, por lo que aún estarían pendientes 1.645, siempre según la estadística del CGPJ. El número de sentencias dictadas por los tribunales leoneses asciende a 7.208 –el resto se habrían resuelto por acuerdo entre el demandante y la entidad financiera– y únicamente 83 han desestimado la reclamación, lo que supone un 1,15%.

Es preciso recordar además que el plan de urgencia consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear–, que desde entonces se encargan, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

El Juzgado de Instrucción número 7 de León es el dedicado en la provincia a este tipo de reclamaciones y cuenta con tres magistradas dedicadas exclusivamente a esta tarea. Cabe recordar en todo caso que la decisión de concentrar todos los casos en un sólo juzgado provocó críticas en diferentes ámbitos coincidiendo con la puesta en marcha del plan de urgencia del CGPJ. El Colegio de Abogados de León consideraba que este plan suponía un "sobrecoste añadido" para los ciudadanos afectados y, en ocasiones, "dificultosos desplazamientosal no poder dirimir dichos procedimientos en el ámbito geográfico de su partido judicial". Algo que se hace «más visible» en provincias como León. por su extensión territorial y su orografía.