CCOO denuncia que solo 3.000 de los casi 10.000 trabajadores y trabajadoras de Abai Business Solutions realizan su trabajo en España, ya que sus servicios se están deslocalizando en Brasil, Colombia, Portugal o Perú. La empresa, que obtuvo en 2021 un beneficio récord de 114,5 millones de euros, presta servicio de atención telefónica a grandes empresas del Ibex 35, como Telefónica, Endesa o Naturgy, que son cómplices y permiten que este servicio a sus clientes no se realice exclusivamente en España. Abai cuenta con uno de sus centros de trabajo en Trobajo del Camino.
Esta situación continuará previsiblemente en 2025, y seguirá afectando gravemente al empleo. Se ha dado la orden a la plantilla de no revelar a las y los clientes desde dónde están siendo atendidos, con lo que ocultan también que sus datos personales se gestionan desde países donde la Ley Orgánica de Protección de Datos Española no tiene jurisdicción.
CCOO señala que esta situación no solo supone un engaño para los consumidores y para la seguridad de los datos personales, sino que, además, tiene un impacto devastador en el empleo en España. Se están aplicando modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y despidos a bajo coste, que afectan a más del 40% de su plantilla a día de hoy, es decir, a centenares de personas trabajadoras.
“Nos enfrentamos a una situación alarmante en la que la reducción de costes se prioriza sobre la seguridad de los datos y la estabilidad laboral en España”, afirma el secretario general de la sección sindical estatal de CCOO, Alberto Aguado, que hace un llamamiento urgente a la reflexión sobre las consecuencias de estas decisiones empresariales que suponen la destrucción masiva de empleo en nuestro país. “No entendemos esta política, que consiste en crear empleo a bajo coste en el extranjero, donde la precariedad de las condiciones laborales es aún mayor que en España, donde los salarios de la compañía han sido superados por la última subida del SMI”.
El sindicato condena esta política e insta a los grupos parlamentarios a reflexionar e implicarse para detener la destrucción de empleo y los riesgos en la protección de datos personales, un asunto que afecta a toda la ciudadanía.