No obstante, por el momento, la CGT tampoco ha logrado que su petición sea atendida y ni la Dirección Provincial, ni la Consejería de Educación –que dirige el leonés Fernando Rey–,han accedidoa la entrega de los cupos, a pesar de que el escrito se registró el 10 de diciembre del pasado ejercicio, hace ya más de medio año. En este tiempo el sindicato no ha recibido más contestación que el silencio de la Administración, según defiende el representante de CGT en la Junta de Personal Docente de León, Juan Miguel Alonso Vega.
La CGT registró una peticiónformal en diciembre del pasado año que seis meses después sigue sin respuesta Desde este periódico también se ha intentado reclamar a la Administración los datos que solicita CGT sin conseguir otra información que una primera respuesta –el 2 de diciembre– en la que se alegaban problemas con el sistema informático.
Días después el sindicato registró en la Delegación Territorial de la Junta en León un escrito dirigido a la directora provincial de Educación, Emilia Villanueva, en el que se solicitaba «la relación de puestos de trabajo (plantilla funcional o cupo) de los docentes dependientes de la Dirección Provincial de Educación de León a fecha1 de octubre de 2005 con inclusión de los datossiguientes para cada puesto de trabajo: Cuerpo, Especialidad, Forma de Provisión, situación (definitivo, expectativa, comisión de servicios, interino de vacante o sustitución) y en el caso del profesorado interino con contratos parciales, se detalle el número de horas por las que es contratado».
Primera acción formal
Sin embargo, concluido ya el curso, los datos no fueron remitidos. Hasta la fecha, las distintas fuerzas sindicales han tenido que coordinarse para recabar los datos «centro a centro» en una tarea que les exige muchas horas de trabajo, cuando la Dirección Provincial lo pondría solventar con el envío de los pertinentes ficheros electrónicos en los que la Dirección Provincial almacena los datos de la plantilla, según denuncian desde la propia CGT.
Cansados de esta situación, la CGT se ha puesto al frente de la reivindicación y ha dado el paso de iniciar un proceso formal, que no descartan que termine en los juzgados, puesto que consideran que esta negativa de la Administración Pública a facilitar información de un servicio también público atenta contra los derechos de los ciudadanos y supone un menoscabo de la transparencia que se espera de un ente público.
Argumentos legales
De esta manera lo argumenta la CGT en el escrito presentado en diciembre a la Dirección Provincial, en el que alude a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 39.1 establece que «los órganos de representación de los funcionarios delegados de Personal y las Junta de Personal, según proceda» y que en esa representación –como está establecido en el artículo 40, que enumera las funciones atribuidas a las Juntas de Personal y a los Delegados de Personal– se incluye «no sólo la recepción de información, sino también vigilar el cumplimiento de las normas vigente en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y empleo, y ejercer, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes».
La ocultación de los datos por parte de Educación supone un menoscabo de la transparencia, según la CGT Además, el sindicato recuerdaque el artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, «establece el carácter público de Relaciones de Puestos de Trabajo, si bien las mismas, no contendrán, a la vista del contenido por el artículo 15.1 b), los datos del personal concreto que ocupe un determinado puesto de trabajo, sino exclusivamente las características de cada uno de los puestos de trabajo existentes en cada Dependencia Administrativa, siendo los datos personales referido a cada funcionario público, de acceso restringido a este último, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.5, párrafo de la propia Ley 30/1984».
Con estos argumentos, desde la CGT se espera que la Dirección Provincial de Educación atienda su solicitud y que facilite los datos que permitirían obtener una radiografía exacta y real de los recursos destinados a la Enseñanza en la provincia en materia de personal. Algo que permitiría también comprobar de forma precisa el calado de los recortes, como consideran desde el sindicato.
Pero más allá de evaluar la efectividad de las políticas de Educación de la Junta de Castilla y León, si cada curso se facilitará la relación de puestos de trabajo a los sindicatos, estos podrían exponer sus demandas para un mejor funcionamiento de la Educación Pública.