Blanco explicó que estas dos medidas se incluyen en el “ambicioso” Plan de Conciliación 2020 de la Junta de Castilla y León en el que se mantendrán las medidas ya aplicadas hasta ahora de cara a un curso “tan especial y atípico”. Para su entrada en vigor se tramitará un Decreto Ley y la primera intención es que vaya al Consejo de Gobierno de la próxima semana para que entren en vigor al día siguiente de su aprobación, para lo que se están “acelerando” todos los trámites “porque hay mucho que hacer detrás”. El presupuesto inicial es de tres millones de euros aunque se ampliaría en caso de que así fuera necesario, confirmó.
El cheque servicio pretende atender la necesidad de los progenitores de cuidar de los menores de 12 años cuando estos se encuentren en situación de confinamiento y no sea posible permanecer en el domicilio por motivos laborales. Esta ayuda tendrá una cuantía que dependerá de las horas necesarias por parte de los progenitores para atender al menor, y no superará el importe proporcional al número de horas de contratación calculado sobre el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más los gastos de los seguros sociales.
La ayuda se tramitará “de forma urgente”, y aunque Blanco no pudo precisar en qué tiempo se dispondría de la cuantía, insistió en que sería “a la mayor brevedad posible”. Tendrá que solicitarse a través de los CEAS y para su concesión será necesaria la incorporación de un informe que recoja la existencia o no de la necesidad de apoyo.
También se prevé la aprobación de una ayuda a domicilio a menores confinados por COVID en su centro educativo, algo que se hará extensible a personas dependientes en centros de día, con el fin de dar servicio en “situaciones puntuales” en las que se necesita de un apoyo concreto para cuidar de menores de 12 años. Según informó la consejera, presenta las mismas características que la ayuda a domicilio ordinaria, con la diferencia de que las tareas del profesional se refieren al cuidado de menores. En este caso la solicitud también se realizará a través del CEAS y los requisitos serán los mismos que en el caso del cheque servicio.
En cuanto al nivel de renta para acceder a cualquiera de las dos medidas, esta no podrá superar los 35.000 euros referenciado al IRPF 2019. El límite de renta se reducirá al 50 por ciento en el caso de las familias monoparentales.
Además, la Junta de Castilla y León mantendrá las medidas ya aplicadas en los últimos meses también con el fin de facilitar la conciliación de las familias. Entre ellas están el programa ‘Crecemos’, que se desarrolla en entornos rurales de menos de 3.000 habitantes en colaboración con las diputaciones provinciales. En total, se financian 260 centros (142 abrieron en verano) con un total de 3.695 plazas atendidas por 400 profesionales.
Medidas ya implantadas
El programa ‘Conciliamos’ atiende también a las demandas del Diálogo Social para llegar “al mayor número de familias”, con lo que se amplió el número de municipioos, los horarios y los servicios que se prestaban en tres periodos, incluido el mes de agosto, algo que hasta ahora no se hacía. Este verano han participado 4.353 niños de los que 130 han utilizado el servicio de comedor y 25 el servicio de tardes. Estos programas se mantendrán “en los mismos términos y condiciones” y se evaluarán las condiciones de cara a las próximas vacaciones de Navidad.
En relación a las ayudas para la reducción de jornada y excedencia, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reforzado la convocatoria de este año, que en principio contemplaba hasta el 31 de agosto pero que se ha hecho extensiva hasta el 30 de septiembre a la vista de la evolución de la pandemia.
Como consecuencia del COVID-19, Blanco recordó que las ayudas se han ampliado hasta los dos millones de euros y se han “flexibilizado” los requisitos. Hasta el momento se han presentado 1.524 solicitudes, de las que 867 corresponden a reducción de jornada, 508 a excedencias y 149 pendientes de grabar y por lo tanto se desconoce aún a cuál de los casos corresponden.
Por último están las ayudas para afrontar los gastos en centros infantiles de aquellas familias con hijos menores de cuatro años que acudan a estos centros. El importe del Ejecutivo autonómico a estas ayudas es de 2,8 millones de euros y la subvención financia los gastos de preinscripción, matrícula, asistencia y manutención en centros infantiles por importe máximo de 1.320 euros por progenitor. Hasta el momento se han presentado 1.500 solicitudes.