Más de 600 efectivos de la Policía Nacional han participado en el operativo que se está llevando a cabo a nivel nacional y que en lo que respecta a la provincia de León afecta a los ayuntamientos de la capital leonesa pero también a los de Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo, Astorga y Villarejo de Órbigo. Los agentes tienen órdenes de detención contra más de 40 supuestos implicados, entre ellos, varios jefes de policías municipales, y está programado casi un centenar de registros en organismos, empresas privadas y domicilios.
Entre los detenidos se encuentra Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León y uno de los cargos del partido naranja con más peso en esa demarcación, y también el concejal portavoz de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández. La formación aseguró hoy que se suspenderá de militancia a los dirigentes de la formación que tengan que declarar ante el juez. “La sociedad española necesita decisiones firmes y contundentes ante cualquier caso de corrupción”, señalaron antes de apuntar que esperan que “PP y PSOE, con decenas de cargos que tienen implicados, actúen con la misma celeridad y contundencia que Cs”.
Otro, uno de los principales acusados de la Gürtel y editor del Diario de León, que en este caso está implicado como "el cabecilla" de la 'Operación Enredadera'.
En toda España se han practicado 39 detenciones. En total, 18 personas pasaron a disposición judicial -cinco de ellas en Astorga y 13 en Badalona- y el resto fueron puestos en libertad, según informaron a Ical fuentes del Ministerio del Interior. Además, el Juzgado ordenó la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía a otras instituciones, entre ellas, el ayuntamiento de La Cistérniga (Valladolid).
Despachos precintados
En el Consistorio de la capital leonesa, la Policía Nacional procedió a precintar varios despachos del área de urbanismo y obras hasta media tarde de este martes y no hubo detenciones. No ha sido así en Astorga, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, donde varios dirigentes políticos han sido trasladados en coches policiales hasta dependencias de la Policía Nacional para prestar declaración tras haberlo hecho previamente en sus respectivos consistorios.El origen de la trama
Los investigadores de la Udef siguen la pista de la supuesta concesión irregular de contratos públicos por toda España a la empresa Gespol S. L., integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales, y que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales, el control telemático del tráfico y la colocación de radares.A cambio de esas concesiones municipales los responsables de las mismas ingresaban importantes cantidades de dinero, perjudicando al resto de empresas que optaban a las adjudicaciones públicas. La trama llevaba años actuando por lo que los beneficios obtenidos por los corruptos son importantes, recoge ABC.es.
Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las actuaciones de la Operación Enredadera las dirige un juzgado de Badalona (Barcelona) y están coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado.