Los primeros autos de los jugados de lo Social número 1 de León y Salamanca estimaron la petición de medidas cuatelarísimas solicitadas por el Colegio Oficial de Médicos de la provincia leonesa, así como de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CESM, ante el número de contagiados por coronavirus entre el personal médico en la Comunidad. A ellos le siguieron otros de Segovia, Ávila y Zamora.
Los fallos, facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), reclaman batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, kits PCR diagnóstico Covid-19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos en todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de Atención Primaria, servicios de emergencias, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de las provincias de León y Salamanca, ya sean públicos o privados y cualquier otra dependencia habilitada para uso sanitario.
La jueza salmantina acepta las medidas solicitadas por CESM sin escuchar a la Consejería de Sanidad, por considerar que “concurren las razones de urgencia alegadas, a la vista de los graves efectos generados por la pandemia" y la crisis sanitaria que ha generado.
La medida pretende garantizar no sólo el derecho fundamental a la integridad física y moral del personal estatutario y en su caso funcionario sino que “dicha protección va más allá”, por cuanto que con las medidas que ahora se van a adoptar, se está tutelado la salud pública, es decir “el derecho fundamental a la integridad física y moral de los ciudadanos, al menos de los que acudan a los centros sanitarios de León y su provincia o de los que tengan contacto con el personal a que se refiere esta medida”, según explica el juez leonés en su resolución.
El magistrado destaca “la profesionalidad y sacrificio diario” del personal sanitario y de todas las demás profesiones y considera “elemental la necesidad de proteger al máximo la salud también de dicho personal sanitario, conforme se solicita en la petición inicial, con la dotación de los EPIs que reclaman, los cuales son esenciales para los fines que se solicitan”.
Urgencia
Por su parte, la jueza de Salamanca sostiene que las medidas solicitadas son “absolutamente necesarias para que los profesionales sanitarios puedan desarrollar su vital función de atención y cuidado de los pacientes, en las mínimas condiciones de seguridad para su salud e integridad física, y a fin de evitar, en la medida de lo posible, el alto riesgo de contagio que este virus lleva consigo, sin olvidar el derecho de los pacientes a ser atendidos debidamente, y sin riesgo para su salud”.
La urgencia de la medida, explica la magistrada, ha llevado a su adopción sin audiencia de la demandada, y que “si bien no se cuestiona el esfuerzo que a este respecto pueda estar llevando a cabo la Administración demandada para dotar de medios adecuados al personal sanitario, lo que es un hecho notorio y evidente es que en la práctica tales medios están resultando insuficientes, en atención a la extraordinaria rapidez en la propagación del virus, en base a lo cual, la adopción de las medidas necesarias para que la Administración demandada cumpla con su obligación legal, se hace al entender de este Juzgador, necesaria e ineludible, al ser el Juez de lo Social el último garante en lo relativo a la prevención de riesgos laborales”.
En la misma línea, el juez de León considera que la urgencia de la petición está “totalmente justificada” dada la evolución de la pandemia además de que desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como emergencia internacional a principios de febrero “se estaba en condiciones de articular medios de protección adecuados, tanto de EPIs, como de otra índole, para paliar, en la medida de lo posible las consecuencias de esta pandemia que estamos padeciendo”.
Recurso
Estos autos son de ejecución inmediata pese a que contra ellos cabe recurso de reposición en los tres días posteriores a la notificación. Este miércoles, el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid admitió las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad, para que en el término de 24 horas entregara a los profesionales sanitarios todo el material necesario para luchar contra el coronavirus.
Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó casi al mismo tiempo que el Gobierno tuviera que proporcionar en un día material sanitario a los médicos, desestimando las medidas solicitadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) al no precisar ésta en su escrito contra qué actuación de la Administración se dirige y siendo "notorias las manifestaciones de los responsables públicos" para satisfacer "toda suerte de iniciativas".
El Colegio de Enfermería también se une a la denuncia
El Colegio Oficial de Enfermería de León también ha interpuesto una demanda en los juzgados de lo Social de la ciudad en defensa de las profesionales sanitarias debido a la falta de material que evite los riesgos a que están sometidos cada día al permanecer en contacto permanente y durante las 24 horas del día con los pacientes contagiados por coronavirus.
Según informaron fuentes del Colegio, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son "claras" sobre que debe proveerse a los sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, evitando la propagación de la enfermedad.
En concreto, en lo que al material que debe suministrarse en cantidad suficiente y de forma continuada para proteger la salud de los profesionales sanitarios se destacan: batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, kits de diagnóstico covid-19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos.
En la demanda se especifica que se viene a formular solicitud de medidas cautelarísimas ‘Inauditaparte’ contra la Consejería de Sanidad de Castilla y León- Gerencia Regional de Salud; Gerencia de las Áreas de León; Gerencia de Atención Especializada; Gerencia de Atención Primaria de León; Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo.
El presidente del Colegio de Enfermería, José Luis Blanco, afirmó que están "totalmente desequipados". "No contamos con el material suficiente que evite que estemos constantemente expuestos ante esta pandemia".
Esta situación, añadió, "ha ido demasiado lejos". "Debemos estar provistos del material citado, en primer lugar, para evitar que nos contagiemos durante el transcurso de nuestro trabajo, en segundo lugar, para no propagarlo, y en tercer lugar, porque no podemos tampoco encadenar esta situación llevándola a nuestras casas, poniendo en claro riesgo a nuestros familiares". De esta forma, destacó que "tiempo de sobra han tenido para poder trabajar en esta dirección y dotarnos de medios, ya no podemos esperar más”, agregó Blanco.
"Me duele", asegura la consejera sobre la denuncia
Sobre esta denuncia, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha subrayado que “no es el momento de estas medidas” y ha garantizado que “la única prioridad es la población de Castilla y León y la seguridad de los profesionales”. La responsable de la Junta ha especificado que existe “un problema de stock a nivel mundial” y se está trabajando para seguir con las adquisiciones de los materiales sanitarios necesarios, “pero no porque se solicite en esta medida cautelarísima”.
Casado también ha resaltado que espera “que el material vaya llegando” y ha insistido en su preocupación, tanto de ella como del conjunto de la Consejería, para solventar las carencias y garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios.
“Me sorprende y me duele porque esta denuncia no tiene nada que ver con los mensajes de apoyo que he recibido por privado”, ha agregado Casado sobre la demanda presentada por los colegios de médicos y por el sindicato Cesm, presidido por José Luis Díaz Villarig. “Nosotros no somos el enemigo, es el coronavirus, esto no ayuda, y quiero que trabajemos todos juntos”, ha agregado la responsable de Sanidad.