Una comisión mixta integrada por parte de técnicos de la Junta y de la Diputación de León velará para que «ninguna población» de la provincia tenga problemas de abastecimiento de agua. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, firmaron este lunes en la delegación de la Junta en León el convenio que permitirá la creación de este órgano, que se constituirá «en los próximos días» y comenzará a trabajar para garantizar la llegada del agua «a las poblaciones que la necesitan y tienen problemas» con ella, explicó el consejero.
La meta, dijo, es «identificar objetivos, determinar cuáles son las soluciones y cuantificarlas» para después «ponernos de acuerdo en la inversión, que todavía no está determinada porque dependerá de los objetivos a cubrir», advirtió. Del mismo modo, se establecerá «la forma de gestionar adecuadamente la gobernanza de esas nuevas infraestructuras, dando siempre preferencia a los abastecimientos mancomunados, es decir, a abastecimientos en los que con una sola instalación se surte de agua potable a varias poblaciones, porque es lo más eficiente», añadió Suárez-Quiñones, para el que se trata de una actuación «responsable».
Los objetivos a cubrir están por lo tanto «sin determinar», pese a que existen algunos «inicialmente identificados» que quieren «poner en común de forma leal en ese grupo técnico» y valorar «cómo se priorizan en el tiempo para hacer las cosas de forma objetiva, justa, equitativa y correcta». Los miembros de esta comisión mixta serán también los que marquen los tiempos. Así, una vez realizado el trabajo inicial, afirmó que se publicitarán las conclusiones a las que hayan llegado y se fijará el calendario de obras y su ejecución. Estas estarán financiadas al 40 por ciento tanto por parte de la Junta como de la Diputación de León, mientras que los ayuntamientos beneficiados se harán cargo del 20 por ciento restante, que podrán financiar. «La idea es que la gestión de todas estas infraestructuras la lleve la empresa pública Somacyl y eso es lo que va a permitir esa financiación a 25 años» y dar, de esta forma, facilidades a ayuntamientos a los que abonar esa cuantía les pueda resultar inicialmente complicado debido a su pequeño tamaño, señaló el consejero.
El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, afirmó por su parte que el objeto «es el estudio de alternativas y el diseño de un programa de actuaciones en materia de infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua, su ejecución y posterior mantenimiento en toda la provincia de León». El acuerdo incluye, por lo tanto, «actuaciones como abastecimientos mancomunados o colectivos que garanticen las necesidades de agua potable en municipios con problemas constatados, la construcción o ampliación de depósitos para aumentar la capacidad de regulación y dar soluciones individuales sostenibles en aquellos municipios en los que no sea posible su conexión con sistemas colectivos, así como la gestión eficiente de las infraestructuras creadas».
«Estamos hablando de un servicio básico, de garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes, que es algo fundamental para el desarrollo social, económico y ambiental de nuestra provincia», explicó Álvarez Courel, quien recordó también que «la gestión del agua supone un reto cada vez mayor en el actual contexto de cambio climático, que sitúa la gestión de los recursos hídricos entre los cometidos más destacados de las políticas comunes». Para conseguirlo, remarcó que «la colaboración de todas las administraciones es fundamental» y la firma de convenios como este es «la prueba» de que se está siguiendo «el camino adecuado para lograr avances en esta y en el resto de materias que afectan a la sociedad», a la que recordó que «nos debemos como servidores públicos».
Renovación de redes
Ambos hicieron hincapié en que el pasado 6 de mayo los presidentes de las nueve diputaciones de la Comunidad firmaron en Valladolid con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un protocolo de actuación para la renovación de las redes de abastecimiento y mejora de la eficiencia en la gestión del agua potable en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Este protocolo, destacó Álvarez Courel, «sentó las bases de un marco estable que pretende garantizar la eficiencia del uso del agua de abastecimiento, mejorando los rendimientos de las redes, ejecutando infraestructuras precisas y garantizando su correcto mantenimiento y explotación».
Para la consecución de estos objetivos se elaborará un documento que analice la situación de los rendimientos y la sostenibilidad en las redes de abastecimiento para, a continuación, «confeccionar un programa de inversiones destinadas a la provincia de León, identificando aquellas aglomeraciones que tienen problemas en las redes como altas presiones, fugas, contadores obsoletos, etc.». Incluye, además, el posterior seguimiento para el correcto funcionamiento de las instalaciones que se ejecuten. Estas actuaciones estarán parcialmente financiadas con fondos europeos.
Suárez-Quiñones insistió en que «nos preocupa y nos ocupa el agua, que es un bien escaso que hay que gestionar de forma adecuada». Señaló que «existen problemas de abastecimiento en muchas localidades, sobre todo cuando viene el estiaje» y consideró que «el uso del agua tiene que ser muy eficiente». «No podemos perder agua, hay que gestionarla de forma adecuada», de ahí la firma tanto del protocolo de este lunes como el del pasado día 6, que recordó que persigue «el cambio de redes interiores de los núcleos de población y su digitalización». «Hay que cambiar esas redes interiores porque hay muchas pérdidas de agua que no se pueden tolerar» y que se producen «por tratarse de redes obsoletas que hacen que el agua no vaya al consumo y se pierda». En este caso, subrayó que «vamos a poner 90 millones de euros entre las diputaciones y la Junta» contando con esa la participación de fondos europeos.