El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha registrado en las Cortes la memoria correspondiente al año 2023, que se presentará ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en fecha por determinar a partir del mes de septiembre. En el octavo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia se presentaron 497 resoluciones y 517 reclamaciones, de las que 271 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 52,42 por ciento); 219 correspondieron a ayuntamientos, 34 a entidades locales menores y 18 a diputaciones provinciales.
En el informe recogido por Tomás Quintana se destaca que 64 de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales han sido presentadas por cargos representativos de las mismas; de ellas, 50 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos y 14 por vocales de juntas vecinales. En cambio, 202 reclamaciones se presentaron frente a la Administración General autonómica.
En el 75 por ciento de reclamaciones presentadas por ciudadanos que no desempeñaban un cargo local, su causa fue la ausencia de respuesta a las peticiones de información realizadas ante las propias Administraciones, elevándose este porcentaje al 88 por ciento en el caso de las reclamaciones interpuestas por cargos representativos locales; por lo tanto, todavía más de 8 de cada 10 de las reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de la Administración correspondiente.
En el caso de las reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las Administraciones correspondientes, los motivos argüidos por estas de forma más frecuente para no proporcionarla han sido la falta de disposición de la información por el órgano destinatario de la solicitud, el carácter repetitivo o abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y la protección de datos personales. Seis materias han sido las que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia: empleo público, la protección del medio ambiente, la información sobre contratación, el urbanismo, la vivienda y las obras públicas.
Quintana reseña que más del 60 por ciento de las reclamaciones fueron presentadas a través de la sede electrónica de la Comisión y casi un 11 por ciento por correo electrónico; esto ha sucedido en un año en el que se han incluido cambios en la página web para hacerla más accesible a todos los ciudadanos.