Los casos de custodia compartida han ido en aumento desde el año 2013, momento en el que se produce el cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo, que plantea hacer de la medida una «normal y deseable». En contraposición a las habituales concesiones de la custodia a la progenitora materna, desde ese año, los casos de custodia compartida han ido ganando terreno hasta esclarecerse, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que casi la mitad de los divorcios en el año 2022 tuvieron como resultado una custodia compartida de los hijos.
En abril de este año, la Asociación Nacional Infancia Silenciada se sumaba a la lista de las más de una treintena de asociaciones en contra de la imposición de esa custodia compartida. Su fundación corrió a cargo de varias mujeres de León, Salamanca y Cantabria. «Hemos fundado una asociación pensando que habría casos aislados y ahora somos 110», explican desde la plataforma.
La asociación asegura que el Defensor del Pueblo ha sacado a relucir un total de 190.000 familias afectadas por estos casos de guarda y custodia y especifican la diferencia entre este tipo de medida, bajo previo acuerdo de las partes, y los procesos en que se impone. «No puedes separar una cosa de la otra», analizan: «Hablamos de custodia compartida impuesta 50/50 en parejas que se separan en alta conflictividad». Infancia Silenciada se respalda en que la situación de las parejas que se ven sometidas a esa imposición tiene un historial de «violencia económica, psicológica, financiera, institucional» y, en definitiva, «violencia de todo tipo».
"A los jueces no les derroca nadie y se inmiscuyen en lo que no les compete, se ríen de la teoría sobre el apego"
Según indican, la relación entre esa conflictividad y los casos de drogodependencia, violencia física hacia la pareja y el infante y amenazas frecuentes es estrecha, destacando la «violencia vicaria» -«Has dicho que te separas, pues te voy a controlar a través de los niños», ejemplifican- y del «machismo simbólico», sobre el que ilustran: «No vas a sangrar, no te voy a dar las palizas que te daba antes; no se va a enterar nadie y, encima, ante el exterior, soy un buen padre que quiere cuidar de sus hijos».
Más de 40 miembros de Infancia Silenciada son de esta Comunidad Autónoma, siendo un total de 13 de León. Mujeres de Cataluña, Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía también forman parte de la plataforma. El perfil de sus miembros respondía en sus comienzos a «mujeres de muy bajo nivel cultural, casi sin recursos económicos y sin familia». Ahora, según explican, el perfil ha cambiado e Infancia Silenciada cuenta, en su mayoría, con profesionales de titulaciones superiores.
«El propio movimiento feminista se ha olvidado de nosotras; siempre se olvida de las madres», continúan desde la asociación, que cuenta con el apoyo de otras plataformas de activismo como ‘Irene no se detiene’, ‘MaMagazine’ o ‘Petra Maternidades Feministas’. «Si a las mujeres el patriarcado les tiene miedo; a las madres las teme», opinan: «Es historia; a la mujer, antes se la llamaba loca y entraba en un sanatorio mental». Y, en referencia a lo que pasa en los procesos de custodia compartida impuesta añaden: «Ahora, también tenemos que aguantar que la justicia nos llame locas».
Ponen de ejemplo casos en los que el niño todavía se encuentra en fase de lactancia y es «separado» de su madre. «Se derrocan Gobiernos, se derrocan leyes, pero a los jueces no les derroca nadie y se están inmiscuyendo en asuntos que no les competen», sentencian: «Los jueces de este país se están riendo en la cara de las teorías científicas sobre el apego». Por ello, Infancia Silenciada exige la presencia de personal experto en los Juzgados de Familia. «España es de los pocos sitios en que los jueces no son expertos en infancia», afirman: «Si hubiera especialistas en los juzgados, se darían cuenta de todo lo que hay detrás de una custodia compartida impuesta».
Sobre la forma de regular la imposición de estas medidas, la postura de Infancia Silenciada es clara y mencionan «la custodia materna» y el tener en cuenta la voz de los hijos como vías para solucionar todos los problemas que acaecen de estos procesos judiciales. «Los que llegamos a un acuerdo entre nosotros, no hay problema; hay muchas custodias compartidas que están siendo maravillosas», plantean: «Pero, ¿cómo se les ocurre darle la custodia a alguien que ha maltratado? ¿Cómo me obligas a ponerme de acuerdo con quien me pegó, con quien me hizo la vida imposible? ¿Cómo me obligas tú, juez o jueza, a ponerme de acuerdo con mi maltratador?».
"Todo el mundo ve que es un maltrato institucional terrorífico, pero nadie hace nada porque no se puede"
Confirman, además, que otra de las consecuencias de estas imposiciones judiciales es que cada vez sean menos las madres que denuncian a su pareja por violencia de género, fruto del temor a perder el contacto con sus hijos. «En nuestra asociación, ahora mismo no está denunciando ninguna, porque no consiguen nada», relatan: «Todo el mundo nos da la razón, todo el mundo lo entiende, todo el mundo ve que es un maltrato institucional terrorífico, pero nadie hace nada porque no se puede». Después de haber hablado con el Defensor del pueblo, el decano de León, la jefa de la Unidad de Violencia de la Subdelegación del Gobierno en León y la consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, entre otros, la asociación ya tiene previsto un encuentro con la nueva ministra de Infancia y Juventud para tratar este asunto.
Uno de los 110 casos
Desde Infancia Silenciada mantienen que todos los casos de custodia compartida impuesta son «idénticos», que todos siguen un «mismo patrón». Una de las más de cien mujeres que se ven afectadas por estos procesos y que forman parte de la plataforma, habla de su experiencia y la de sus dos hijas menores; una de ellas, bajo su custodia, y la otra, bajo la del progenitor masculino con antecedentes violentos. «Tengo que tener una comunicación fluida con una persona por la que mi hija llora todos los domingos al saber que se tiene que ir con él; una persona que es la razón de que casi perdiera a mi otra hija, que intentó suicidarse». Afectada por la tesitura en la que se ve inmersa desde hace tiempo, se pregunta: «¿Por qué una niña de nueve años no puede hablar? Son niños, no idiotas».
Por casos como el suyo, la asociación determina sus reclamos. «Que el juez que dictamina haga un seguimiento de si la custodia es buena para el niño», terminan por decir: «Porque nosotras podemos cabrearnos y denunciar, pero el niño es quien está indefenso».