El 89 por ciento de los ayuntamientos de la provincia de León han cumplido con la obligación legal de rendir sus cuentas, según la fiscalización que realiza el Consejo de Cuentas a través de la plataforma telemática para la rendición de las cuentas de todo el sector público local. Este porcentaje sitúa al municipalismo de la provincia por encima de la media de la comunidad con relación al cumplimiento con esta obligación legal, prácticamente igual que Palencia. A fecha actual, casi 190 de los 211 municipios de León han informado sobre su gestión económico-financiera del ejercicio 2022 (último fiscalizado), facilitando así la función de control del Consejo para garantizar que las cuentas se han elaborado de forma correcta, destacó el presidente de la institución Mario Amilivia. Además de los ayuntamientos, han rendido cuentas la Diputación leonesa, 915 de sus 1.226 entidades locales menores, y 27 de las 39 mancomunidades y otras entidades de la provincia. Por el contrario, sigue sin rendir cuentas el Consejo Comarcal de El Bierzo, y lleva ya sin cumplir con esta obligación legal muchos años. Rindió hasta 2016, dio cuenta del ejercicio de 2017 fuera de plazo y desde entonces no ha vuelto a informar sobre su gestión económico-financiera.
El órgano fiscalizador autonómico celebró este martes su pleno en el antiguo Palacio Provincial de Zamora, dando luz verde a una de las fiscalizaciones más relevantes de mandato legal, como es la del informe anual sobre las cuentas del sector público local correspondientes al ejercicio 2022. La jornada se inició con la recepción al pleno de este organismo en el Ayuntamiento por parte del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, para posteriormente ser recibido por el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. Este informe anual se presenta fuera de la sede del Consejo para divulgar su labor, estimular la colaboración con las entidades locales y su rendición de cuentas. En años anteriores este trabajo fue presentado en los ayuntamientos de Salamanca y Brañosera y también en las diputaciones de Burgos y Soria. Amilivia quiso remarcar con tal motivo que «la rendición de cuentas de las entidades locales no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de transparencia que permite dar a conocer a todos los ciudadanos la situación económica de sus municipios».
Situación económica
En este sentido, añadió, «la principal conclusión del informe es que las entidades locales de Castilla y León –analizadas de forma global– gozan de una situación económica saneada». En conjunto, en 2022 gastaron 2.729 millones de euros, lo que con relación a los 2.845 millones de ingresos arroja un resultado presupuestario positivo de 116 millones de euros. Por otra parte, la deuda viva de las entidades locales con relación a sus ingresos continúa su tendencia decreciente, mientras que el remanente de tesorería sigue aumentando en todos los ejercicios del periodo 2019-2022. En 2022 el importe global de la deuda viva sumaba 765 millones de euros. La relación entre el volumen de deuda y los ingresos corrientes pasa de representar el 34 por ciento en 2019 al 28 por ciento en 2022, con una caída global de seis puntos porcentuales. La práctica totalidad de las entidades locales de la comunidad autónoma liquidaron sus presupuestos con Remanente de Tesorería para gastos generales positivo (el 98,6 por ciento). Solo el 1,4 por ciento de las entidades presentaron Remanente de Tesorería negativo, mayoritariamente ayuntamientos menores de 5.000 habitantes. En el periodo analizado, el remanente de tesorería para gastos generales pasa de 908 millones de euros en 2019 a 1.125 millones en 2022, con un incremento global del 24 por ciento. También, los fondos líquidos del conjunto de las entidades locales crecen un 41 por ciento, pasando de 1.010 millones de euros en 2019 a 1.428 millones en 2022, cantidad que duplica la deuda viva.
Rendición de cuentas
El informe pone de manifiesto que, a 31 de octubre de 2023, fin del plazo legal de rendición, la presentación de las cuentas por parte de los ayuntamientos de Castilla y León alcanzaba el 66,4 por ciento, presentando los mejores niveles de rendición del conjunto de las entidades locales, seguidos por las diputaciones, aunque cuatro de estas (Ávila, León, Valladolid y Zamora) no habían rendido. Dentro del plazo legal tampoco rindieron la cuenta general los ayuntamientos de Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Bembibre, Sariegos y Villaquilambre. Todos ellos lo hicieron con posterioridad. La rendición durante el plazo legal por parte de los ayuntamientos por provincias sólo aumentó en la de Burgos (1,3 puntos) y la reducción más significativa se registró en la provincia de Valladolid, con 14,2 puntos. Por su parte, la rendición de las entidades locales menores de la comunidad (un total de 2.207), se situaba entonces 27,4 puntos por debajo de los ayuntamientos.
El Consejo Comarcal no cumple
A fecha actual ya han cumplido con la rendición el 87 por ciento de los ayuntamientos de la comunidad, en una horquilla que oscila entre el 92 por ciento de Zamora y el 83 por ciento de Burgos. Han rendido también todas las diputaciones provinciales y el 74,3 por ciento de las entidades locales menores. Por el contrario, el Consejo Comarcal del Bierzo sigue sin rendir cuentas. De hecho, rindió hasta 2016, a partir del cual lo ha dejado de hacer. Castilla y León, a pesar de contar con 2.248 ayuntamientos –casi 5.000 entidades sumando todo el sector público local– tiene un nivel de rendición de cuentas 6,3 puntos porcentuales por encima de la media nacional (66,4 por ciento y 60,1 por ciento, respectivamente), solo superada por comunidades con mejores resultados en las que se condicionan las subvenciones y otras ayudas al cumplimiento de esta obligación por parte de las entidades locales. En los últimos ejercicios la tendencia en los niveles de rendición comparados de los ayuntamientos de Castilla y León ha sido alcista, con diferenciales en 2019, 2020 y 2021, del 4,7 por ciento; 5,4 por ciento y 4,5 por ciento respecto a la media nacional, alcanzando en 2022, con 6,3 puntos el diferencial más alto de la serie. Sin perjuicio de todo ello, el Consejo de Cuentas reitera una vez más la conveniencia de establecer medidas normativas para elevar el índice de cumplimiento por las entidades de la comunidad.