Convenios entre propietarios para dar legalidad a los pozos

Los agricultores de La Valduerna tendrán que legalizar los pozos para poder seguir regando. Es la única conclusión clara que se puede extraer de la reunión que el pasado martes mantuvieron una representación de los afectados con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y representantes de diversas administraciones públicas. Las diversas fuentes consultadas apuntan que ambas partes tienen voluntad de que se cumplan las cuestiones legales, aunque la maraña burocrática dificulta las soluciones. Una de las que se han apuntado, es la firma de convenios entre los propietarios de los pozos y los propietarios de las fincas que se quieran regar con el agua de esos pozos. Es decir, la firma de todas las partes para que se pueda llevar el agua a las fincas cercanas en las que no la haya. El propietario del pozo debería ceder el agua a las comunidades. El primer obstáculo para llevar a cabo esta solución es el contacto con todos los propietarios, muchos de ellos mayores o alejados de la comarca. El segundo, lograr que den su consentimiento.

No obstante, hasta llegar a este punto primero hay que legalizar cada pozo, con su correspondiente concesión. Para ello el Instituto Geológico y Minero realizará un estudio a cargo de la propia CHD en el que se estudiarán las características del área comprendida entre el Duerna y el Peces, donde se encuentran los pozos. El objetivo del estudio es dar carácter científico a lo que lo que los agricultores apuntan, que con el agua que se trasvasa al Peces se recargan los acuíferos y los pozos. Se espera que el estudio esté listo en unos meses y que los datos recabados permitan avalar esta cuestión. Mientras tanto, los interesados tendrán que hacer acopio de la documentación que permita tramitar las legalizaciones, una cuestión, sobre la que los técnicos, por el momento, tampoco han arrojado suficiente luz. El próximo domingo se celebrará una reunión informativa con los afectados en la que se dará cuenta de lo expuesto en la reunión, se plantearán las dudas existentes y se analizarán las posibles actuaciones que puedan acometer los regantes y los propietarios. No obstante, por el momento, desde CHD tampoco han aclarado a los regantes si la legalización de cada pozo se tramitará como un expediente único, ni los posibles costes que ello pueda suponer. El compromiso del órgano de cuenca y de los afectados es colaborar para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la disponibilidad de agua, pero se prevé que el proceso será largo. Por el momento, las partes han acordado volver a reunirse para tratar sobre la documentación necesaria para iniciar los trámites.

Dar comienzo al trámite de solicitud es la primera condición para que los pozos puedan seguir funcionando como hasta la fecha sin que lleguen nuevas sanciones. Sin embargo, en la zona, pese a los acuerdos informales alcanzados la sensación es de inseguridad. Al temor a las sanciones se suma la disponibilidad del agua. Los regantes insisten en que las pretensiones de CHD son desmedidas. El minifundio y la escasa disponibilidad de agua convierten a La Valduerna en una zona agrícola de diferentes características a otros regadíos de la provincia y de la comunidad.Además, los agricultores valdorneses recuerdan que el río se secará antes o después, ya que tampoco está regulado por ningún tipo de infraestructura. Recuerdan también que han acometido las obras para instalar caudalímetros requeridas por CHD, lo que según aseguran da cuenta de su compromiso par utilizar los recursos hídricos de una forma racional.