Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita siguen al alza en León. Durante el pasado año se tramitaron un total de 7.303 expedientes, una cifra que supone un incremento del 13,2 por ciento si se compara con la del año anterior, cuando se recibieron 6.449. En Ponferrada, según los datos que maneja el Colegio de la Abogacía de León, las peticiones también se elevaron en el último ejercicio. Si en 2022 fueron 3.304, en 2023 se situaron en 3.411, un 3,2 por ciento más. El decano del Colegio, Fernando Rodríguez Santocildes, señala que se trata de «una subida importante», si bien recuerda que se lleva «años ya en esa misma línea». Rodríguez Santocildes explica que este aumento no ha empeorado la calidad del servicio, que asegura que «está funcionando bien» y que, de hecho, en los estudios que se elaboran anualmente de ámbito nacional figura «entre los servicios públicos que más nivel de satisfacción despierta entre los ciudadanos».
Sin embargo, recuerda que urge hacer cambios. «Desde el Colegio siempre insistimos en que es necesario modificar la ley de justicia gratuita de tal manera que todas las reivindicaciones que realizan los abogados se vean satisfechas», indica el decano, que critica que «con la ley presente hay muchas actuaciones que no se ven remuneradas». Además, pone el foco en otros aspectos, como en la disponibilidad, en los desplazamientos en aquellos partidos judiciales en los que existe mucha dispersión geográfica, en los horarios y en que las retribuciones sean «dignas», porque remarca que «desde el año 2018 no se han ajustado ni siquiera a la subida del IPC». «Las remuneraciones son totalmente indignas, no tienen otro calificativo», indica. Al menos sí que reconoce que actualmente están «al día» tras haber sufrido «un retraso importante este año» y después de varios ejercicios en los que ha habido problemas de pago. Por eso, concluye que «la justicia gratuita tiene que modificarse, tiene que haber una nueva ley y hay que tomársela en serio, porque yo creo que es el momento de hacerlo».
Rodríguez Santocildes sostiene también que la ley que la regula, de 1996, «está pensada para una realidad de hace 28 años» y que dista de la actual. Advierte, sin embargo, que se han atendido modificaciones legislativas en los últimos años referentes a violencia de género o juicios rápidos, pero «quedan aún muchas por desarrollar». En este sentido, apunta que dentro del plan normativo del Gobierno está prevista una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que confía en que llegue. También ve necesario que exista un «reconocimiento justo para el turno de oficio» porque «es una labor muy importante que se realiza tanto por parte de los abogados como por parte de los colegios, que están garantizando un derecho constitucional al ciudadano, al que permiten el acceso a la justicia, y esto no se está reconociendo dignamente ni a nivel social ni a través de una remuneración justa y digna».
400 profesionales
En León son algo menos de 400 profesionales los que trabajan en el turno de oficio de un total de 1.100 abogados ejercientes. Para poder hacerlo necesitan contar con tres años de colegiación a su espalda y «llevar a cabo una formación específica, sobre todo en determinados servicios como son los referentes a violencia de género o menores». «Están altamente preparados», explica el decano del Colegio, que añade que para solicitar esta asistencia hay dos vías: «en el caso de las personas que se encuentran privadas de libertad es el letrado que esté de guardia y que acuda al centro de detención ese día el que la pide, si no, se hace a través del Servicio de Orientación Jurídica, tanto en León como en Ponferrada». Las personas atendidas en el SOJ en León en 2023 fueron 1.623 y en Ponferrada 2.314, un número más alto porque en esta delegación se cita a los solicitantes para la presentación de documentación, mientras que en León esta se deposita en la secretaría sin necesidad de cita previa, «por eso parece que hay más asuntos».
En León se tramitaron 4.027 expedientes de turno de oficio en 2023, frente a los 3.307 del año anterior; las asistencias letradas al detenido fueron 2.515 (2.357 en 2022); los expedientes referidos a víctimas de violencia doméstica fueron 315 (411 en 2022) y mediante el convenio suscrito entre el Consejo de la Abogacía de Castilla y León con la Junta que financia las asistencias a víctimas de violencia y agresión sexual, además de unas jornadas de formación, se registraron 37 expedientes (20 el año previo). Por último, figuran los archivos, que son los expedientes en los que se les ha requerido más documentación o que no se han continuado por algún motivo. Estos fueron 409 en 2023 y 354 el ejercicio anterior.