La idea pasa por sacar a licitación un contrato puente de dos años prorrogados a uno más para preparar la situación y dar paso a una gestión directa que apuntan que supondrá un ahorro de 500.000 euros, según sus cálculos iniciales, pasando de 3,5 millones, coste por el que saldrá a licitación estos años para hacer atractivo ese contrato. Sería un contrato que debería estar listo para junio y hasta ese fecha se mantendrá la situación de alegalidad, algo con lo que fue crítico el portavoz del PP, Marco Morala y que dio lugar al voto de abstención de su grupo y de toda la oposición “porque no queremos ser cómplices con que se mantenga esa situación de alegalidad”, dijo.
Desde Ciudadanos, su portavoz, Ruth Morales considera que lo que se plantea, más que un contrato puente es “puentear una solución definitiva”, ya que duda que llegue en este mandato. Asegura Morales que hay varios informes sobre posibles alternativas “que se contradicen” por lo que considera que no queda claro por cuál se va a optar “tampoco están claros los costes y que se ajusten a la realidad. Cuánto va a costar de manera directa, y cuánto con contrato, en qué va a consistir la mal denominada municipalización” o cómo se van a hacer los contratos de suministros.
“No sabemos a medio y largo plazo el coste real que asumirá el Ayuntamiento. Si no es posible subrogar a los trabajadores que alguien les advierta que podrían perder sus puestos de trabajo”, dijo, preocupada por esa plantilla “no existen esas categorías, tendría que hablarse de su convenio colectivo”, dijo.
Por su parte, el PP, auguró que el servicio en sí seguirá requiriendo el reconocimiento extrajudicial de créditos con la consiguiente interpelación de Intervención y del Tribunal de Cuentas, aunque el alcalde, Olegario Ramón, aclaró en este punto que no será así. “No va a haber reconocimientos extrajudiciales de crédito sino otra figura, facturación pura y dura a partir de enero”, dijo, reconociendo ese “tirón de orejas” que el Tribunal de Cuentas le dio a la anterior corporación.
Aunque el PP dijo no estar a favor de mantener la situación actual también pidió calma “no nos precipitemos, sí es necesario el contrato puente”, dijo Morala, ya que reconoce que los técnicos de los servicios municipales dicen que no es aconsejable la gestión directa ahora. Sí le preocupa la subrogación de los empleados y también que el ahorro que ahora cuantifica el PSOE en sus cuentas con la gestión directa pueda no ser tal. Morala apunta que puede modificarse debido al convenio de los trabajadores, que en este momento es el provincial del sector.
Por su parte, Unidad Social de Electores presentó sus dudas al respecto de la pro-puesta que criticó que hubiera sido “unilateral” por parte del equipo de Gobierno. Aun-que asume que la única posibilidad es el contrato puente “nos asaltan preguntas, el coste del servicio, hemos escuchado que tendrá el coste actual y suponemos que la flota dependerá del Ayuntamiento. Y la situación de la plantilla, con los convenios laborales en ciernes”, dijo.
Tanto Podemos como Coalición por el Bierzo defendieron la propuesta del equipo de Gobierno que quiere solucionar una situación que lleva siete años sin encontrar una salida. Desde Podemos, su portavoz, Lorena González destacó que el modelo de gestión directa abarata el servicio ya que no se pagará beneficio industrial ni 21 % de IVA que se paga cuando se externaliza.
Por su parte, el PRB aportó también que se estudie mejorar el servicio intentando que el pago de déficit de servicio, que suele rondar los 1,3 millones anuales se aminore así como buscar nuevas líneas, como la conexión con el polígono del Bayo.
Tesorería, gestión directa
La política de paso a gestión directa se puso de manifiesto en el servicio de Tesorería, que pretendió llevar a esa gestión aunque se produjo un recurso y el Tarcyl obligó a retrotraer el procedimiento que ahora intenta reactivarse. La oposición planteó sus dudas sobre cómo quedaría la plantilla que lleva el servicio de la mano de la empresa Recaudalia en la actualidad a lo que la concejala de Hacienda dijo que los 20 trabajadores serán subrogados con el mismo contrato que tienen en la actualidad como personal laboral a extinguir.