El documento será remitido al Ministerio de Transición Energética para que, según señaló la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el Gobierno de España “trabaje por la supervivencia de las minas ante el posible corte de al minería el próximo 31 de diciembre y flexibilice la devolución de las ayudas que cobraron a la Unión Europea”, así como que “ponga requisitos para que no se puedan cerrar las centrales térmicas” y “defienda el futuro de la minería en Bruselas”. Para Pilar del Olmo, el cierre de las térmicas en Castilla y León “es un drama”, ya que “dejarían un hueco en el empleo que sería muy difícil de cubrir con otras actividades”.
La consejera consideró que el voto en contra del documento de Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida es “para ser coherentes con su partido”, ya que, según apuntó “Podemos presentó una moción para que se cerraran las minas en el año 2020”, mientras que “Ciudadanos nunca ha apoyado la minería”.
El portavoz de Economía y Hacienda del Partido Popular en las Cortes, Salvador Cruz, que explicó que el documento “de consenso mayoritario” supone un “S.O.S.” para el Gobierno de España, porque “se habían dado pasos muy positivos para mantener la actividad del carbón dentro del mix energético nacional con la quema de carbón autóctono en las térmicas”, desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez “se ha producido un cambio de criterio y se establece una lucha en contra del carbón”.
Por su parte, el representante del PSOE en esta Comisión de Seguimiento, Santiago Dorado, recordó que “el Partido Socialista de Castilla y León siempre va a estar respaldando a las comarcas mineras” a través de un documento que “pide al Gobierno que garantice la continuidad de aquellas explotaciones mineras que puedan mantenerlo”, así como “una solución alternativa para que las empresas puedan continuar a partir del día 1 de enero y puedan devolver las ayudas de una manera cómoda para garantizar el empleo en base a las minas en las comarcas mineras”.
Asimismo, Dorado pidió al Gobierno “que tire para adelante con las centrales térmicas” porque “es evidente que sin ellas no hay carbón”, aunque además de garantizar su continuidad “hay que garantizar que quemen carbón nacional”.
Por primera vez una reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización de Municipios Mineros contó con la representación del Gobierno a través de la figura del subdelegado en León, Faustino Sánchez, quien puso de manifiesto que “el Gobierno quiere hacer propuestas porque solo desde la unidad y la cooperación se podrá hacer algo”. Sin embargo, será la delegada en Castilla y León, Virginia Barcones, quien ejercerá de representación en las sucesivas reuniones.
También participó en la reunión el presidente de la Asociación Española de Comarcas Mineras (Acom), Alider Presa, quien mostró su preocupación “por los territorios mineros” y pidió tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno de España “que de verdad tengan esa capacidad de no solo pensar en la minería como minería del carbón sino también en las personas”, y manifestó su confianza “para que se genere alguna alternativa allí donde el tejido minero ya ha desaparecido”.
En cuanto al rechazo de algunas fuerzas políticas, Presa señaló que “no se trataba de un foro político para defender lo que opina un partido político”, sino un lugar “para intentar velar por la solución a un problema como es el carbón autóctono”.
Abstenciones
El procurador de Ciudadanos en las Cortes, Manuel Mitadiel, aseguró que la formación naranja se abstuvo al documento al considerar que es “insuficiente” porque “solamente se centra en la supervivencia del carbón y las centrales térmicas”, cuando “hay que luchar al mismo nivel exigiendo medidas de compensación y planes de industrialización”.
Mitadiel recordó que “no se trata de una transición justa cuando hay menos de 500 trabajadores censados en la seguridad social minera y se han perdido a miles” y apostó por “exigir planes de dinamización” tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea para evitar que “dentro de unos años no haya minería, ni térmicas, ni planes de dinamización”.
En este sentido, el procurador de Podemos Castilla y León por Palencia, Ricardo López, consideró que “este documento llega tarde para las cuencas mineras” al emitirse “cuatro meses escasos antes de que se cierre la minería en Castilla y León gracias a un plan de cierre presentado por el Partido Popular y ratificado por Bruselas”.
Para López, el documento no garantiza la continuidad de la minería en Castilla y León al “sumar una serie de condicionantes como que los empresarios mineros quieran devolver las ayudas desde el año 2011 o que las centrales térmicas cumplan la normativa ambiental”. Fue por ello que pidieron la modificación de los criterios de cierre porque no están vinculados al consumo de carbón autóctono, “lo que demuestra la falta de interés del Partido Popular”.
El procurador de la formación morada hizo hincapié en la propuesta realizada en el Congreso de los Diputados para que se garantice “una transición justa” y que “por cada puesto de trabajo perdido en las cuencas mineras se creen dos empleos”, así como que “se garanticen por ley planes alternativos y fondos que sean auditados”.