El sindicato CSIF reclama a la Dirección General de Tráfico (DGT) y al Gobierno que intercedan e insten a la UTE Centro Estrada de León a alcanzar un “convenio y unos incrementos salariales dignos” para sus 275 trabajadores. La empresa lleva a cabo tareas externalizadas para la DGT, como la gestión y tramitación de las multas y los trabajadores reclaman un incremento salarial del 30 por ciento, que se aplicaría por tramos durante los tres años de vigencia que proponen para el nuevo convenio laboral que se negocia.
Tráfico ha renovado el contrato con el Centro Estrada con un presupuesto de 83 millones, “un precio que se ha incrementado un 45 por ciento, y que también debe servir para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que año tras año siguen perdiendo poder adquisitivo”, señalan.
Desde el pasado día 14 -continúan hasta el viernes 21-, la plantilla celebra concentraciones de una hora ante la puerta de las instalaciones del polígono de Onzonilla de León. Del martes 26 al jueves 28 de diciembre habrá paros intermitentes en horario de mañana y tarde y para el viernes 29 se ha convocado una jornada completa de huelga.
CSIF considera que un organismo público como la DGT, dependiente del Ministerio de Interior y, por tanto, del Gobierno, “no puede mantenerse pasivo, por responsabilidad, ante el conflicto laboral que mantiene el Centro Estrada. Tráfico tiene una obligación moral y mucho que decir”, asegura Sara Rebollo, representante del sindicato independiente y presidenta del comité de empresa. “Se trata de un servicio público ligado a la seguridad, que afecta a los bolsillos de los ciudadanos, por lo que es exigible al centro que reconozca las competencias y tareas de la plantilla de una plataforma tecnológica que aspira a la excelencia. Sin embargo, la casi totalidad del personal solo cobra el Salario Mínimo Interprofesional, y el convenio caduca el 31 de diciembre”.
Uno de los socios de la UTE Centro Estrada es Indra Sistemas y el accionista mayoritario de la multinacional tecnológica es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), “lo que le confiere un carácter de empresa semipública”, apuntan y subrayan que “hay motivos más que suficientes para que el Gobierno no se desentienda y se preocupe por los problemas laborales de la plantilla del Centro Estrada”.