La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) denunció este viernes en León el “bloqueo absoluto” que existe hacia las negociaciones por parte del Gobierno autonómico. “No existe negociación”, insistió el presidente autonómico del sindicato, Benjamín Castro, quien recordó que hay una serie de tareas que resulta “imperativo” poner en marcha, aunque esto “no se esté haciendo”. En concreto, se refirió a dos en particular: “la necesidad de reunirnos, de sentarnos en una mesa para hablar de los incrementos que los empleados públicos tienen que ver en sus salarios en el camino de la equiparación con otras comunidades autónomas” y, en segundo lugar, la de “incrementar las plantillas dentro de la administración autonómica”.
Castro indicó que Castilla y León es “la tercera comunidad por la cola en salarios públicos” y que, por lo tanto, urge “recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos años” que en algunos ámbitos señaló que supera el 20 por ciento. Subrayó también que los empleados públicos se han visto “castigados” por la firma por parte de otros sindicatos -“no el nuestro”, aclaró- de un acuerdo salarial trianual que consideró que “lo que ha conseguido es otro 5,8 por ciento de pérdida de poder adquisitivo para todos y cada uno de los funcionarios públicos”. Respecto a las plantillas, remarcó que “en Csif nos negamos a asumir lo que los políticos parece ser que quieren que asumamos tanto los sindicatos como los propios ciudadanos, que es normalizar que los servicios públicos tienen que sufrir ese detrimento y que no se puede hacer otra cosa”.
Según los datos del sindicato, en León hay 607 plazas vacantes en la Administración General de la Junta, un 29 por ciento de la plantilla total, de 2.105 trabajadores. De ellas, 244 vacantes son de la categoría profesional C2 (el 47 por ciento de estos empleados), 136 de A2 (46 por ciento) y 102 de C1 (30 por ciento). En Castilla y León, las plazas vacantes suman 5.613, el 32 por ciento de la plantilla. Entre ellas, están los puestos considerados periféricos o ultraperiféricos, de más difícil cobertura. Estos son 442 en la provincia de León (248 de funcionarios y 194 de laborales. “En Csif no bajamos los brazos, entendemos que se pueden hacer cosas y que tenemos que reforzar las plantillas”, señaló Castro, que recordó que “las matemáticas no mienten” y estas muestran que “en 15 años el 48 por ciento de las plantillas en Castilla y León van a desaparecer por jubilaciones”. Esto, dijo, hace necesario que exista una “organización y estrategia para dotar y reforzar en los próximos años esas plantillas con unas ofertas de empleo públicas ambiciosas. En Csif tenemos claro que ese es el camino y que tenemos que sentarnos en una mesa a hablar de ello”, zanjó.
Castro estuvo acompañado por el responsable del sector provincial de Administración General de la Junta, Carlos Alfonso González, y el portavoz del sector de Sanidad, Rubén Martínez. González recordó que en la provincia leonesa ha habido recientemente tres despidos en el centro de menores Suero de Quiñones como “consecuencia del nefasto convenio que otras centrales sindicales firmaron recientemente” y que desde Csif consideran “injusto e insuficiente”. Lo que ha traído, dijo, es una “inseguridad jurídica que ha dado lugar a esta serie de despidos en esta provincia”. Por otra parte, señaló que la cobertura de las plazas se puede lograr con medidas como la introducción de incentivos económicos. “Hasta ahora no hemos conseguido nada más que que se incremente un punto en el complemento específico”. Recordó también que “tenemos las RPT sin ponerse en marcha porque están paralizadas, tenemos a los veterinarios, a los agentes medioambientales y a una serie de colectivos a los que no se les dan los suficientes incentivos económicos para desarrollar adecuadamente su trabajo” y todo esto “repercute en que después, a la hora de la verdad, de cara al ciudadano y a la sociedad en general no se le pueda dar el servicio público pertinente”.
El portavoz del sector de Sanidad indicó por su parte que existe “un supuesto decreto que la Junta va a sacar para regular ciertas partidas retributivas”, ya que “solo considera dos categorías profesionales” y eso es algo que al sindicato le parece “totalmente fuera de lugar y erróneo”. “Hemos conseguido presionar a la administración, en este caso sanitaria, para que tenga a bien considerar el resto de categorías y han recogido ese guante”, valoró, pero avanzó que “no nos quedamos atrás y vamos a estar vigilantes” y que hay categorías como por ejemplo los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, los TCAE, “que están haciendo una serie de reivindicaciones” que apoyan. Se refirió también a otras categorías, como los médicos de familia, en las que existe un problema de falta de cobertura de ausencias, o de que estas no se pagan por parte de la administración. Esto, afirmó, “al final lo que acaba haciendo es que el servicio que se presta se acabe diluyendo”.