La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) celebró este lunes concentraciones frente las subdelegaciones del Gobierno con dos objetivos principales: exigir la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos y en defensa de Muface. La presidenta de Csif en León, Ofelia Rodríguez González, aseguró que la “inoperancia” del Gobierno es “total”, por lo que mantendrán las movilizaciones y no descartan convocar paros.
Lo que se pretende es “intentar evitar el deterioro de los servicios públicos en todos los ámbitos, como la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales, las instituciones penitenciarias, la seguridad social o Muface”. “Ahora mismo en la administración general del Estado contamos con una plantilla muy envejecida y con una falta de personal grande que en muchas ocasiones lo que provoca es que la atención al ciudadano cueste trabajo prestarla con calidad”, detalló Rodríguez.
Ahora mismo destacó que Csif reivindica también “que se desbloquee la mesa general para la negociación”, dado que “no nos permite negociar la oferta pública del próximo año, no nos permite la subida salarial que corresponde, hacer acuerdos para intentar recuperar las pérdidas de 2010, intentar negociar acuerdos para la jubilación, carrera profesional, teletrabajo, etc.”.
Además, Rodríguez recordó que “a pocos días para que finalice el plazo para la estabilización de las plazas temporales -la fecha límite era el 31 de diciembre de 2024- aún hay miles de plazas sin estabilizar”. A esto añadió la lucha que mantienen por la equiparación salarial porque “no puede ser posible” que haya diferencias en función de la comunidad autónoma “de hasta 11.000 euros”.
Respecto a Muface, la presidenta de Csif en León recordó que tras la concentración convocada el pasado sábado en Madrid “con una afluencia de hasta 35.000 personas” siguen sin saber “qué va a ser de los mutualistas, de los funcionarios afectados por este problema”, que apuntó que son cerca de dos millones de personas a nivel nacional, entre funcionarios, beneficiarios y jubilados; 200.000 en Castilla y León y 17.200 en León. “Es un tema serio porque perjudica gravemente a la atención sanitaria en el sistema nacional de salud”, señaló Rodríguez, que consideró que en este momento existe “un desconcierto grande porque les están limitando ya las consultas y a la gente que tiene unos tratamientos periódicos y que necesita un control les están informando de que no les van a atender”. Por eso, remarcó que “necesitamos respuestas ya”, porque aunque “hay un plazo límite hasta el 31 de enero, a día de hoy tendría que haberse presentado una nueva licitación y desconocemos como está el tema”.
Durante la concentración convocada este lunes Rodríguez aprovechó también para informar de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular para intentar recuperar “derechos perdidos en cuanto a cuantías económicas”.