El sindicato Csif reclamó este jueves un plan de choque que atienda la pérdida de personal de la administración general del Estado y una equiparación salarial de sus profesionales con el resto. Así se puso de manifiesto durante la celebración del II Congreso autonómico del sector celebrado en León, donde su líder estatal, Carlos Martínez, afirmó que la AGE "está en peligro de colapso". Según dijo, el 60 por ciento de los trabajadores del sector se va a jubilar en los próximos ocho años, a lo que se suma la pérdida de 45.000 empleos en la última década. También insistió en la reclamación de retribuciones adecuadas, una configuración adecuada de la carrera profesional y la evaluación del desempeño "con criterios claros, objetivos y transparentes".
"La administración incumple muchos de los acuerdos alcanzados con Csif, como en la Agencia Tributaria, con movilizaciones ahora mismo para exigir una negociación seria". Estas protestas, que podrían derivar en la convocatoria de una huelga, llegarán también a Castilla y León, donde se ha programado una manifestación para el 19 de junio. Ante esta realidad, dijo, la administración no sólo no aborda la necesidad de cubrir plantillas, sino que ni siquiera propicia la negociación de la oferta de empleo público de este año.
Juan Carlos González, reelegido
El Congreso celebrado en León, inaugurado por el alcalde, José Antonio Diez, y clausurado por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, sirvió también para reelegir como presidente autonómico del sector de Csif a Juan Carlos González, que encabezó la única candidatura presentada. En Castilla y León, dijo, las plantillas están más envejecidas «porque la gente viene a jubilarse» y destacó la pérdida de 2.318 trabajadores desde 2010.
Actualmente las plantillas de la administración general del Estado en la comunidad suman 11.200 personas que, recalcó, se ven obligadas a asumir mucha más carga de trabajo de la habitual, «lo que obliga a multiplicar los esfuerzos». Lo mismo ocurre, remarcó, con la pérdida del poder adquisitivo, que llega a un 20 por ciento respecto a otras comunidades o administraciones locales, según sus palabras.