Cuatro plazas por 281.000 euros al año

Son plazas que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de León –aprobada en abril de 2017– pero que aún no se habían cubierto. Se trata de las destinadas a los coordinadores de las cuatro grandes áreas en las que el citado documento estructuraba la institución municipal de cara al futuro: cohesión social e igualdad, servicios a la ciudadanía, fomento y hábitat urbano y organización y recursos.

Cada una de estas plazas supondría un coste de 5.859,39 euros mensuales, lo que multiplicado por 12 dejaría una factura anual de 70.312,68 euros. En definitiva, los cuatro nuevos coordinadores supondrían para las arcas municipales un desembolso de 281.250,72 euros en cada ejercicio.

Si las plazas fuesen finalmente para funcionarios que ya trabajan en el Ayuntamiento de León, el coste podría ser menor (puesto que únicamente sería la diferencia del complemento de destino y el específico), aunque ello sería así solo si no se cubren los puestos que desarrollan en la actualidad.

Y el equipo de gobierno municipal ha decidido convocar la cobertura temporal de estas cuatro plazas mediante comisiones de servicios. Cabe recordar en este sentido que la RPT reflejaba inicialmente que estos puestos serían de libre designación, es decir, que los responsables municipales podría elegir a los coordinadores de cada área durante su mandato y que por lo tanto no se consolidarían en los puestos. Sin embargo, una sentencia derivada de los recursos del sindicato Asial y del jefe del servicio de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León, Carlos Hurtado, obligó a modificar la RPT en noviembre del pasado año para que estos puestos no se cubran por libre designación, sino por concurso específico de mérito.

Pero la convocatoria mediante comisión de servicios ha suscitado cierta polémica tanto por el momento de llevarla a cabo –en plena pandemia– como por los requisitos establecidos a la hora de poder acceder a las plazas por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de León o de otras administraciones que decidan concurrir. Esto ha llevado a que Comisiones Obreras haya anunciado ya un recurso de reposición contra el decreto de la convocatoria, firmado por el concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes, Vicente Canuria. Y el sindicato no descarta un contencioso si no se tienen en cuenta sus exigencias. En este sentido, consideran que apostar por la comisión de servicios supone de facto «regalar» las cuatro plazas de coordinadores de área a las personas que resulten seleccionadas ahora cuando se convoquen de manera definitiva.

Comisiones Obreras recuerda además que la jurisprudencia establece la necesidad de que las bases de las comisiones de servicio deben ser negociadas con la parte social, es decir, con los representantes de los trabajadores, algo que no habría ocurrido en esta ocasión, según denuncia el sindicato en el escrito en el que anuncia la presentación del recurso de reposición.

Entre los criterios de selección de los funcionarios que cubrirían estas plazas figura por ejemplo «estar en posesión del título de Máster Universitario en Dirección y Liderazgo Públicos –expedido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (Inap)– o del Diploma en Dirección Pública Local, expedido por el Inap». Otro de los criterios es el de «desempeñar el puesto de jefe de servicio, con funciones de dirección y coordinación el mismo área o áreas relacionadas con la del puesto solicitado». Finalmente, las bases incluyen como criterio de selección el de «pertenecer a consejos de dirección o administración de sociedades municipales, sociedades mixtas o mancomunidades municipales con desempeño de tareas de asesoramiento y/o control». En este sentido, Comisiones Obreras basa su recurso en que las bases limitan notablemente la posibilidad de muchos funcionarios de concurrir a estos puestos.

Mientras, el equipo de gobierno municipal defiende en la convocatoria la necesidad de cubrir temporalmente estos puestos, ya que «ninguna de las grandes áreas en las que se estructura la entidad local dispone de responsable técnico que ejerza tareas de dirección inmediata», lo influye negativamente en los servicios.
Es por eso que los responsables municipales defienden la existencia de «razones de urgente e inaplazable necesidad» para la convocatoria que ha nacido marcada por la polémica.