“Ahora que tienen el documento seguirán el esquema de Anllares, cerrar antes”, dice el portavoz de los empleados de las siete empresas auxiliares, Alonso Roa. En tres meses consideran que ya será efectivo el cierre de los grupos que tienen una potencia instalada de 330, 350 y 350 MW respectivamente.
El documento recuerda que el 16 de abril de 2019 se recibió en el Registro del Ministerio el informe de Red Eléctrica de España solicitado para concretar que el cierre es compatible con la seguridad del sistema y la garantía de suministro eléctrico y el Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno de León emitió informe favorable al cierre en septiembre de 2019, que se envió a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que emitieran el informe preceptivo final.
En cuanto al informe de impacto ambiental del desmantelamiento de los grupos, la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental explicó que no es necesario someter a evaluación ambiental ordinaria ese desmantelamiento “ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas establecidas en el documento ambiental”.
Así las cosas, la Secretaría de Estado pone el reloj para que, en seis meses desde la resolución, los grupos “sean declarados indisponibles”. De no cumplirse ese plazo, el permiso se daría por caduco. Además, una vez que se produzca el cierre efectivo, del que el jefe de Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno levantará acta que remitirá a la Dirección de Política Energética y Minas, Endesa Generación S.A. iniciará el desmantelamiento de la central “en el plazo máximo de 4 años contados a partir del cierre efectivo".
“El cierre va a ser antes”
Los 180 empleados de las empresas auxiliares de los que, tras año y medio de lucha por conseguir una salida laboral ante el cierre, quedan 70 activos en una situación complicada, consideran que el cierre se acelerará “y no sabemos qué pasará con nosotros”. El mayor ahogo lo padecen diez empleados de la empresa Auxitrans, dedicada al transporte, y que han tenido que vivir tres EREs “subsisten con 400 euros al mes”, denuncia Roa.
Critican “las buenas palabras” y los compromisos que han llegado del gobierno central y de la Junta, pero que no se han materializado en nada “queremos que sea una administración la que se encargue de nosotros”, comenta el presidente. Y, es que, se han reunido con todas las administraciones y partidos “y seguimos igual, bueno, peor que hace año y medio”.
Ni siquiera se ha cumplido con dos premisas que esperaban, que se les priorizara en los trabajos que Acciona ha desarrollado para poner en marcha la central de biomasa de Cubillos Forestalia, ni en los trabajos de desmantelamiento de Endesa, en los que sí tienen la esperanza de ser incluidos, pese a que aseguran que la eléctrica “solo habla de contratar a gente de la zona para ello”.
Ahora que el cierre ya está activo, esperan que sus empresas matrices no adelanten los despidos al mismo, pero temen que pueda ser así, lo que les dejaría en una situación comprometida y piden a las administraciones que no se olviden de las propuestas que han realizado para no dejarles en la estacada.