Deliberación sobre los recursos contra la sentencia del caso Arandina

La Sala de lo Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) comenzó este jueves la deliberación sobre los recursos presentados por las partes contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, que condenó a los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol a 38 años de prisión cada uno por agresión sexual a una menor de 15 años en 2017.

De esta forma, el tribunal de la Sala de lo Civil-Penal del TSJ deliberará, votará y fallará sobre los citados recursos, si bien este trámite no es en audiencia pública y no se conocerá hasta pasados unos días, según fuentes del Alto Tribunal de la región, cuando se redacte la sentencia, se firme y se notifique a las partes.

La defensa de los tres exfutbolistas de la Arandina, Carlos Cuadrado ‘Lucho’, Víctor Rodríguez ‘Viti’ y Raúl Calvo, condenados a 38 años de prisión cada uno por agresión sexual a una menor de 16 años en 2017, presentaron recursos ante la Audiencia Provincial. También lo hicieron las acusaciones particular y popular, quienes piden confirmar la condena, por lo que se dio traslado del caso al TSJCyL, que serán resueltos por la Sala de lo Civil y Penal.

El pasado 12 de diciembre de 2019, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos condenó a cada uno de los tres exjugadores a 38 años de prisión como autores de un delito de agresión sexual, con acceso carnal en forma bucal, respecto de la denunciante de 15 años de edad en la fecha de los hechos.

Las penas impuestas se corresponden con la aplicación de la doctrina de la cooperación necesaria, y por ello cada uno de los acusados fue condenado como autor por los hechos realizados por el mismo y como cooperador por lo realizado por los demás. Se les impuso así 14 años por la agresión sexual y doce años por cada una de las cooperaciones (dos) para facilitar el delito de los otros compañeros.

El máximo cumplimiento de la pena de prisión se fija en 20 años, conforme a lo dispuesto en el Código Penal. Se fijó además una indemnización de 50.000 euros de la cual responderán en forma conjunta y solidaria todos los acusados. Asimismo, se les impusieron medidas de prohibición de comunicación con la víctima y también libertad vigilada durante diez años.