Denuncian el hacinamiento en el campamento de Navatejera

Los vecinos de Navatejera mantienen sus reclamaciones al Ayuntamiento de Villaquilambre y a la Junta Vecinal de la localidad para que tomen medidas sobre el comportamiento de los habitantes del asentamiento en el paraje de Las Barreras.

Con asesoramiento legal y organizados tras los hechos violentos del pasado verano, que tuvieron su momento de máxima tensión con la quema de un remolque de paja en pleno casco urbano de la localidad, los afectados recogieron y presentaron decenas de firmas en la Subdelegación del Gobierno en León para exigir que se ponga fin a lo que, a su juicio, imposibilita la sana convivencia entre los residentes del asentamiento y los habitantes del núcleo urbano.

Según explican, una vez presentadas las firmas, el alcalde, Manuel García, del Partido Popular, se puso en contacto con los vecinos para tomar cartas en el asunto y buscar soluciones a la falta de entendimiento entre unos y otros.

No obstante, a pesar de los contactos que hubo en septiembre, en Navatejera critican que "no se ha hecho nada" y apuntan directamente a hechos comola falta de contadores del suministro eléctrico, uno de los puntos que, según los vecinos, se había acordado con el regidor para que hicieran frente «como todos» a la factura de la luz.

También critican que se siguen produciendo desperfectos en las fincas aledañas como el robo de estaquillas de acero y hormigón o la quema de cable de cobre en el paraje de La Fontilla. En este sentido, los vecinos explican que residentes del campamento ya han sido detenidos por el robo de cableado, hecho que no ha podido ser contrastado por este periódico.

Otra de las actuaciones que con más energía reclaman los vecinos, es que se cense de manera transparente a las personas que viven en las caravanas. Denuncian los vecinos que actualmente el asentamiento está ocupado por "muchas más familias" de las pactadas en su día, cuando Lázaro García Bayón, de la UPL, regentaba la alcaldía de Villaquilambre.

Muchos vecinos avisan de que su paciencia se está agotando y como ya anunciaran el pasado agosto, algún sector de los afectados ha pensado en alguna ocasión en tomarse la justicia por su mano. A mayores, ahora muchos sienten que las instituciones políticas y los órganos de gobierno más próximos les dan la espalda porque no han regularizado la situación ni han cumplido ninguna de las promesas que les hicieron hace cuatro meses, explican.

A pesar de que no tienen en mente realizar aún ninguna acción, los vecinos dicen tener claro que es algo que "hay que solucionar" y esperan que sea durante el año que entra.