Denuncian la "falta de rigor" de la Junta en el control de las incompatibilidades médicas

La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León denuncia "la falta de rigor" de la Junta de Castilla y León en el control de las incompatibilidades médicas, que a juicio de este organismo, se están produciendo en la provincia leonesa, de ahí que haya llevado este asunto al Procurador del Común. Según explican desde este colectivo, hay "distintas publicaciones que aseguran que el 39% de los especialistas de los hospitales trabajan a la vez en la pública y en la consulta privada, algo totalmente excepcional en la función pública".

Ante esta tesitura, la Plataforma denunció este asunto ante el Procurador, que emitió en octubre de 2018 un informe en el que proponía varias sugerencias al Ejecutivo autonómico, concretamente a dos consejerías. Por un lado, instaba a Presidencia, por medio de la Inspección General de Servicios, a que reforzara «las actuaciones de supervisión del cumplimiento de la normativa de incompatibilidades por parte de los especialistas del Sacyl en los supuestos de resoluciones estimatorias, valorando la procedencia de incluir un apartado específico de control de las autorizaciones de compatibilidad de los citados profesionales sanitarios en el Plan Anual de la Inspección General de Servicios de la Administración».

Pero también se dirigía a la Consejería de Sanidad, a la que pedía que adopte "las medidas oportunas a fin de realizar nuevas actuaciones de oficio sobre la problemática objeto de la queja, adoptando, si fuera pertinente, las medidas disciplinarias oportunas".

La Consejería de Sanidad se negó a admitir la sugerencia del Procurador de tomar medidas para evitarloPuesto que el Procurador dirigió directamente estas propuestas a ambas consejerías, en febrero de este año volvió a remitir un escrito a la Plataforma informando de la respuesta de Sanidad y Presidencia. Según explicó el organismo con sede en León, el entonces departamento dirigido por Antonio María Sáez Aguado (y ahora comandado por Verónica Casado), "no aceptaba la sugerencia», mientras que la Vicepresidencia responsable de Función Pública y Gobierno Abierto propuso «la inclusión de una actuación en relación con el control de la autorización de compatibilidad del personal médico especialista de los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para el año 2019".

En base a estas respuestas, desde la Plataforma explican que hay que resaltar "la connivencia manifiesta entre la Consejería de Sanidad y la Inspección General de Servicios que, a pesar de lo notorio, ha permitido esta situación durante años con el consiguiente perjuicio para los usuarios de la sanidad pública, negando lo evidente". Por este motivo, el colectivo se pregunta si se podría "imaginar alguien que, por ejemplo, un inspector de la Hacienda Pública trabajara para una asesoría financiera a la vez o tuviera la suya propia o que un magistrado del Tribunal de Justicia trabajara para un bufete privado de abogados simultáneamente o tuviera el suyo". También recuerda la Plataforma que el organismo presidido por Tomás Quintana detalla en su escrito que «resultaría de sumo interés persistir y profundizar en el seguimiento y control de los especialistas del Sacyl, todo ello con el fin de garantizar, por un lado, la mejor calidad asistencial posible a los usuarios del servicio y, por otro lado, la estricta sujeción de los profesionales sanitarios a las condiciones que han permitido el reconocimiento de compatibilidad".