La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha emitido un comunicado en el que valora la labor de la familia Barrul en algunas obras en la ciudad de León, tras la información publicada por este periódico. Desde el colectivo aseguran que esta familia no tienen ninguna empresa de vigilancia y seguridad legal e inscrita en el Registro General de Seguridad Privada de la Dirección Nacional de la Policía, por lo que no podrían ejercer dichas funciones.
Recuerdan que todas las personas que prestan servicios de seguridad privada deben tener la capacitación legal como vigilantes, prestar sus funciones uniformados, ser contratados y dados de alta por una empresa de seguridad privada legal y comunicar los servicios a la Policía Nacional con una antelación de 72 horas adjuntando el contrato firmado con el cliente.
Consideran por tanto que las vigilancias de la familia Barrul son «ilegales» y asegura que se ha interpuesto una denuncia ante la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Madrid y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de León.