Según recoge el auto, la parte apelante señalaba que Ecologistas en Acción «no había prestado la pertinente fianza, exigible legalmente». No obstante, los magistrados señalan que «la parte querellante viene actuando en el procedimiento como tal» y recuerdan que hasta la fecha los imputados no habían cuestionado la legitimación de Ecologistas en Acción en momento alguno. En lo referente a la fianza, recuerdan los magistrados que el Juzgado, en auto de fecha de 9 de agosto de 2016, eximió a la ONG de esa obligación.
Además, en contra de lo solicitado por RMD y su administrador único, como recuerda Ecologistas en Acción, los acusados han de depositar una fianza cercana a los 430.000 euros. Hecho sobre el que el auto de la Audiencia Provincial señala que solo es recurrible «en resolución con la situación personal».
Cabe señalar, que RMD se encuentra inmersa en un procedimiento de concurso de acreedores con graves problemas financieros. Unas complicaciones económicas que ya existían en el momento del grave incendio de julio de 2015, puesto que en ese momento la deuda ya era de unos cien millones de euros. De hecho, tres meses antes de que las llamas arrasaran la mitad de los neumáticos almacenados en la planta, en abril, la empresa llevó a cabo un ERE de extinción para medio centenar de trabajadores y al año siguiente el Juzgado aprobó una modificación del convenio con los acreedores aprobado en el 2010.
En este contexto, la resolución de la Audiencia Provincial del pasado lunes traslada al Juzgado de León la obligación de proceder al señalamiento de la fecha para la celebración del juicio en el que se dirimirán la existencia o no de un delito contra el medio ambiente y otro contra los recursos naturales por un incendio activo durante casi veinte días, que llegó a requerir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en refuerzo del servicio del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de León.
Tres intentos de sobreseimiento
Esta decisión pone fin a una secuencia de reaperturas y sobreseimientos de la causa. Ecologistas en Acción, representada por la abogada Leticia López Benítez, ha respondido puntualmente a los intentos legales de RMD y el administrador único por evitar el juicio oral. La acusación popular logró revertir en 2016 el archivo de la causa penal por parte del Juzgado número 2 de León. Entonces fue la Fiscalía quien estimó el recurso de la organización ecologista, lo que propició la reapertura del caso en junio de 2016. Posteriormente, un nuevo auto de sobreseimiento de fecha de 15 de marzo de 2018 fue revocado en diciembre de 2019 por un auto crucial para la acusación popular. Finalmente, esta semana ha quedado desbaratado el tercer intento de evitar el enjuiciamiento de unos hechos sobre los que se acumulan más de 1.500 folios de diligencias.Fuego durante una helada
Este último pronunciamiento de la Audiencia Provincial se producía apenas 24 horas después de que un nuevo incendio calcinara otros montones separados de material dentro de la planta, según explicaron los Bomberos del Ayuntamiento de León, que llevaron a cabo las tareas de extinción de un fuego producido al aire libre en una madrugada de enero en León donde la temperatura cayó por debajo de los dos grados bajo cero, según el registro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Estas dos circunstancias, que hubiera dos focos separados y que la gélida temperatura, llevan a la organización ecologista a tener dudas sobre el posible origen de las llamas.Informes de contaminación
En relación con el incendio del 2015, como recoge el auto de la Audiencia Provincial, existen informes tanto de la Universidad de La Coruña con pruebas de contaminación en uvas, hierba y suelo como consecuencia de la combustión de unas 12.000 toneladas de neumáticos, como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que «concluye que es imposible el inicio espontáneo de un incendio ni en el almacenamiento de materiales férricos ni tampoco en el almacenamiento de neumáticos». El auto también señala la sanción por parte del Confederación Hidrográfico del Duero (CHD) por los vertidos al río Antimio de flujos procedentes de las labores de extinción, a razón de 717,17 euros por cada día de vertido. No menos importante considera el tribunal la sanción administrativa por la forma de almacenamiento de un montón de plásticos.Un millón de indemnización
Por último, el auto recuerda que el administrador único de RMD, Adolfo Arturo López, mostró «alguna reticencia» a reconocer que «la compañía de seguros Generali le ha pagado un millón de euros por el siniestro, y que había pedido, inicialmente, una cantidad mayor». La indemnización corresponde a los neumáticos por cuya gestión cobra la mercantil dentro del Sistema de Gestión Colectiva de Neumáticos Fuera de Uso (Signus).Todo ello se hará presente en un juicio que, casi siete años después de que se produjeran los hechos, no tiene fecha, pero que gracias al fuelle de Ecologistas en Acción ha evitado por tres veces quedar sepultado bajo 12.000 toneladas de cenizas de neumáticos usados.