La Diputación de León celebró este miércoles el último pleno del curso político, en el que volvió a salir, a preguntas del PP, la situación actual del contrato con la UTE del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, prorrogado por un año desde el pasado mes de noviembre y sobre el cual hace dos meses saltaron las dudas sobre la continuidad de la unión temporal de empresas que la gestiona actualmente, Legio VII.
El presidente, Gerardo Álvarez Courel, se mostró optimista sobre la renovación. «Hay buena disposición para que la empresa siga llevando el contrato, las conversaciones van por muy buen camino y espero firmar los documentos muy pronto para que siga haciéndose cargo», señaló, tras ser preguntado por el portavoz del Partido Popular, David Fernández.
En una sesión que el portavoz del PSOE, Santiago Dorado, calificó como «el pleno del empleo», el equipo de gobierno provincial se congratuló de la aprobación, por unanimidad, de dos importantes partidas económicas. En primer lugar, se repartirán 5,3 millones de euros para la ampliación o mejora de 25 polígonos industriales, algo que beneficiará a 33 municipios. Esta resolución, correspondiente al plan 2023/2024, pretende impulsar la actividad industrial con 200.000 euros como máximo para cada polígono que presentase la solicitud.
Por otro lado, la Diputación aprobó un paquete de ayudas para el sector de la resina por valor de 3.000 euros para cada autónomo que se dedica a esta profesión, especialmente en la zona de Castrocontrigo. «Ojalá no veamos desaparecer esta profesión en León», señaló el portavoz de la UPL, Valentín Redondo, que celebró esta iniciativa de apoyo económico.
Cabe señalar también que, dentro del convenio que tiene la Diputación con la Junta respecto al tratamiento de aguas residuales de los municipios de menos de 2.000 habitantes, el pleno dio luz verde a la inclusión al mismo de Priaranza del Bierzo y Vegas del Condado, de manera que ya son 43 los ayuntamientos suscritos.
Por último, en el turno de ruegos y preguntas, el grupo popular lamentó que existen «importantes dificultades» para los ayuntamientos de la provincia a la hora de saber qué proyectos «pueden incluir o no» en el Plan de Cooperación Municipal 24/25, por lo que pidió a la institución que «unifique» los criterios «para evitar retrasos en las obras».