Diputación negocia con la Junta para que cubra los costes del SAM

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido a la Diputación y a la Junta de Castilla y León que busquen soluciones para la situación en la que se encuentran las 1.236 juntas vecinales de la provincia tras la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, que elimina la figura del vecino-secretario y obliga a que sea un funcionario de habilitación nacional —preferentemente el secretario del ayuntamiento— el que asuma sus funciones.

El principal radica en la "imposibilidad" por parte de muchos secretarios municipales de atender a las juntas vecinales y en la falta de efectivos en el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación, que sería el órgano encargado de auxiliar a las entidades locales menores en la tramitación administrativa.

Desde UPL consideran que se trata de un “ataque definitivo” a las pedanías, muchas de las cuales incluso podrían llegar a desaparecer si se consolida el decreto sin que se encuentren soluciones. Para evitar la desaparición, desde UPL urgen a la Diputación a reunirse con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Provincia de León (Cositleón) para ver cuantos funcionarios podrían asumir la gestión de las juntas vecinales y, posteriormente, cuántos haría falta contratar. Además, reclaman a la institución provincial que exija mayores fondos para aumentar la actividad del SAM. Actualmente, la Junta aporta 200.000 euros para El Bierzo y otros 377.000 para León, pero el coste del servicio supera los 960.000 euros, según ha reconocido el presidente, Juan Martínez Majo.