Diputación recrimina a Urbaser su desinterés en negociar la devolución de Carflor y salvar 1.500 empleos

"Habiéndose intentado llegar a un acuerdo por esta parte, con las consiguientes suspensiones del presente procedimiento, la mercantil en ningún momento ha mostrado su interés para ello. Consecuentemente, no hay acuerdo posible", dice textualmente el escrito que la Diputación de León ha remitido al juzgado en referencia a la devolución que la empresa leonesa Carflor mantiene con la institución provincial. Con ello queda en evidencia el total desinterés que los actuales propietarios de Carflor, la multinacional Urbaser, ha mantenido respecto a la viabilidad de esta empresa de origen leonés de la que, entre directos e indirectos, depende actualmente el empleo de aproximadamente 1.500 personas.

El escrito, en el que se pide la ejecución del aval que permita a la Diputación recuperar la parte correspondiente de la indemnización que fue condenada a pagar en primera instancia, deja en evidencia la disposición de la Diputación a negociar con la compañía la devolución de ese aval, que supera los tres millones de euros.

Hay que recordar que el motivo por el que Carflor recibió la mencionada indemnización por parte de la Diputación fue la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León en julio de 2018, tras la denuncia de Carflor por las irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato de la ayuda a domicilio de la Diputación en tiempos en que la presidencia de la institución correspondía a Isabel Carrasco, proceso que, estando ya en su fase final, se reinició sin argumentación y que terminó favoreciendo a una empresa que entonces pertenecía al empresario José Luis Ulibarri.

El juzgado de León sentenció entonces que se debían indemnizar a Carflor por haber resultado perjudicada en aquella adjudicación. Diputación recurrió aquella sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictaminó posteriormente que la indemnización debía ser menor, lo que explica la devolución que Carflor tiene actualmente con la institución. Tanto una sentencia como otra reconocen, en cambio, las irregularidades del proceso de adjudicación del contrato y piden a la Fiscalía que investigue las responsabilidades penales de los políticos que estuvieron en la junta de Gobierno en la que se llevó a cabo la adjudicación, todos ellos del equipo de gobierno de la mencionada expresidenta de la Diputación y del PP leonés.

En este tiempo, Urbaser ha pasado a convertirse en accionista mayoritariade Carflor, por lo que le corresponde a la multinacional decidir sobre los destinos de una empresa de origen leonés que fue fundada por Manuel Lesmes, quien hace pocas semanas presentó su dimisión como presidente y miembro del consejo de administración por desacuerdos con la forma de gestión de los actuales responsables.