Dos de cada tres municipios de León presentan sus cuentas a tiempo

Un total de 141 ayuntamientos de la provincia de León –son en total 211– han presentado las cuentas del ejercicio 2021 dentro del plazo legalmente establecido, que finalizó el pasado 31 de octubre. El cumplimiento de esta obligación legal alcanza así al 66,8% de los municipios, por lo que el indicador se reduce ligeramente con respecto al anterior ejercicio (67,3%).

En el caso de las entidades locales menores de la provincia de León (las pedanías o juntas vecinales), han sido 492 –de las 1.228 que existen– las que han presentado sus cuentas dentro del plazo establecido, lo que representa un grado de cumplimiento ligeramente superior al 40%. En este caso, también se observa un empeoramiento, ya que en el ejercicio anterior se había alcanzado un nivel de cumplimiento del 41%.

Son las principales conclusiones de un informe remitido por el Consejo de Cuentas de Castilla y León. En este sentido, en el conjunto de la comunidad, son 1.562 los ayuntamientos que han presentado las cuentas del ejercicio 2021 dentro del plazo legalmente establecido, que finalizó el 31 de octubre. El cumplimiento de esta obligación legal alcanza así al 69,5% de los municipios, por lo que el indicador se mantiene estable respecto al anterior ejercicio (69,2%).

Según informó este martes el Consejo de Cuentas, en términos comparativos con el conjunto de las comunidades autónomas la rendición de cuentas en plazo de los ayuntamientos de Castilla y León se sitúa 11 puntos por encima de la media nacional (58,5%). Así, señala que Castilla y León es la sexta comunidad con mejor indicador, solo superada por aquellas que condicionan el pago de ayudas y subvenciones a las entidades locales a su rendición de cuentas.

Del total de entidades locales de la Comunidad (ayuntamientos, entidades locales menores, mancomunidades, diputaciones y comarca), 2.764 han presentado su cuenta general, lo que representa un 58,2%, experimentándose una leve mejoría de un punto porcentual en relación con el ejercicio precedente (57,3%).

De este porcentaje, Soria y Salamanca, con el 76 y 73% de entidades cumplidoras en plazo, ocupan los primeros lugares, mientras que León se queda en un 44,4%. Precisamente, León, Palencia, Salamanca y Zamora bajan en el porcentaje de rendición, que sube, por el contrario, en Valladolid (10,7% más) y en Segovia (6,5% más).

Respecto de los 2.248 municipios, encabezan la rendición Soria (77,6%), Salamanca (74,6), Zamora (73) y Valladolid (72,9). En este apartado, el peor registro está en las provincias de Segovia y Burgos, con el 60,3 y 61,7, respectivamente.

En cuanto a las entidades locales menores, un 47,6% del total ha presentado las cuentas, registrándose una mejora de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2020. Dentro del periodo estipulado, tres de las nueve diputaciones provinciales, las de Ávila, Salamanca y Zamora no habían rendido la cuenta, informa el Consejo.

Tras la finalización del plazo, el Consejo de Cuentas ha remitido un nuevo requerimiento a todas las entidades locales de la Comunidad que no han rendido la cuenta general de 2021, recordando que el cumplimiento de esta obligación atiende al principio de transparencia que debe presidir la gestión de las administraciones públicas.

El Consejo de Cuentas elabora actualmente una fiscalización sobre los municipios más incumplidores de la obligación de rendición y otra para analizar el nivel de prestación y asistencia de las diputaciones provinciales a los pequeños municipios. En función del resultado de dichos informes, el Consejo podría solicitar al Tribunal de Cuentas la aplicación de sanciones a entidades locales que incumplen la presentación de cuentas ante los órganos de control externo de manera persistente.

Por otro lado, recuerda que, en la convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León contempla desde el pasado ejercicio la rendición de cuentas como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias. El Consejo de Cuentas defiende la extensión de esta medida al resto de subvenciones y ayudas, para lo cual considera conveniente elevar el rango normativo de este requisito.