Ecologistas en Acción de León ha presentado una queja a la Comisión de Transparencia del Procurador del Común, por la falta de respuesta a las peticiones de información dirigidas al Ayuntamiento, a la Comisión Hidrográfica del Duero (CHD) y a la Junta de Castilla y León, sobre el proyecto de adecuación de las balsas mineras de la explotación Corta Pastora y minas de interior para su uso como lagunas artificiales de pesca, que promueve el Ayuntamiento de La Pola de Gordón con fondos europeos.
Aseguran que conocieron el proyecto recibir en su correo electrónico la memoria valorada del mismo (270.000€ de fondos Next Generation PRTR). «Revisado el documento, se comprueba que no hace mención alguna al ciclo del agua necesaria para sustentar la vida de los peces y el nuevo uso propuesto. También omite explicar la gestión prevista para las aguas contaminadas que, ocasionalmente, llegan a las balsas cuya transformación se pretende».
Señalan que las balsas mineras siguen recibiendo, en periodos de mayor intensidad pluvial, las aguas de escorrentía procedentes de las escombreras abandonadas que dejó la explotación del cielo abierto Corta Pastora y plazas de interior, que eran propiedad de la extinta Hullera Vasco Leonesa, S.A.
Además, argumentan que el agua de drenaje de las escombreras se bombea desde el fondo de la corta y sigue llegando a las balsas de decantación que el Ayuntamiento de La Pola de Gordón quiere transformar en estanques para peces. «Estas aguas están contaminadas y, según consta en la DIA y plan de restauración de la ampliación del desmonte Corta Pastora (publicada en el BOCYL de 31 de julio 2015) las balsas deberán recoger las aguas de escorrentía y evitar su vertido sin previa decantación».
Desaparecida la empresa minera, en concurso de acreedores, alegan que el cumplimiento del condicionado de la DIA y del plan de restauración aprobados por la Consejería de Medio Ambiente, corre a cargo de la administración. «Creemos que todas las administraciones (local, estatal y autonómica) deberían priorizar la recuperación ambiental de las 682 hectáreas que, desde el inicio de las explotaciones mineras en 1980, se han visto afectadas; en vez de promover, o tolerar, proyectos de dudosa viabilidad».